El expresidente de la República, Leonel Fernández, condenó este martes los presuntos pagos irregulares a empleados públicos para financiar movimientos políticos, calificándolos como una práctica cuestionable que, afirmó, podría estar ocurriendo en otras instituciones del Estado.
«Ahora vemos el caso de FEDA, y seguramente está pasando en otras instituciones del Estado. Por lo tanto, es una práctica que tiene que ser sancionada y erradicada, porque estas cosas no se pueden permitir en el gobierno», dijo la también presidenta de Fuerza del Pueblo, quien agregó que estas acciones deben ser sancionadas conforme a la ley.
Para Fernández, lo denunciado en el Fondo Especial de Desarrollo Agrícola (FEDA) y en el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) no sólo representa una desigualdad política, sino que también debe ser debidamente sancionado.
«Porque también son recursos del Estado que se utilizan para participar en política, creando una situación de desigualdad respecto a otros partidos. Estamos hablando de fondos públicos», afirmó el expresidente.
Por su parte, el exvicepresidente Rafael Alburquerque consideró que estas prácticas evocan métodos propios de la época de Trujillo, por lo que lamentó que hoy se estén reproduciendo.
Finalmente, el vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez, señaló que el Ministerio Público está en la obligación de abrir una investigación sobre estas denuncias.
“Esto se puede considerar un hurto, porque le están quitando recursos a la gente, por lo que el Ministerio Público debe tomar cartas en el asunto e iniciar un proceso de investigación”, dijo Jiménez.
Las declaraciones fueron ofrecidas en la Junta Central Electoral (JCE), luego de que Fernández recibiera su nueva cédula de identidad como parte del proceso iniciado esta semana por el organismo electoral para la entrega del documento a los dirigentes políticos.
Advertencia de participación ciudadana
Por su parte, el movimiento no partidista Participación Ciudadana advirtió que estas denuncias constituirían una violación a las leyes electorales y al Código Penal, por lo que exigió al Ministerio de la Función Pública (MAP) y a la Junta Central Electoral (JCE) investigar el caso.
Durante la presentación del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, la coordinadora general del organismo, Leidy Blanco García, afirmó que, de comprobarse estas denuncias, se trataría de una falta administrativa grave que derivaría en despido, además de posibles violaciones a las normas electorales.
«El MAP tiene que investigar si esta conducta, de ser cierta y comprobable, constituye una falta administrativa grave que dé lugar a destitución. Aparte de eso, también habría una violación a las leyes electorales que le corresponde analizar a la JCE», dijo.
