Santo Domingo.- El exfiscal general, Jean Alain Rodríguezconvocó este martes a una conferencia de prensa para el próximo jueves 16 de abril a las 11:00 de la mañana, en la Torre Solazar, ubicada en la avenida Gustavo Mejía Ricart, donde su equipo jurídico responderá al octavo informe presentado por Participación Ciudadana sobre el proceso judicial que enfrenta.
Durante el encuentro con la prensa, la defensa del exfuncionario asegura que presentará documentación detallada y comprobable con la que busca refutar las acusaciones contenidos en dicho informe, así como explicar diversas actuaciones del proceso penal en curso.
Como se anticipó, los abogados presentarán un análisis del expediente y responderán punto por punto a lo que catalogan como “enfoques inexactos”insistiendo en que existen pruebas que contradicen la versión ofrecida por la entidad cívica.
Respuesta al informe
El llamado a los medios surge en medio de la reacción de Rodríguez al informe de Participación Ciudadana, que analiza el avance del proceso penal que se sigue desde hace un tiempo. casi seis años y eso ha generado un debate público sobre los plazos procesales.
En su respuesta preliminar, el exprocurador sostiene que el documento contiene información que considera incorrecto o manipuladoy que busca influir en la opinión pública respecto del desarrollo del caso.

Alegatos sobre el proceso judicial
Rodríguez atribuye la prolongación del proceso a actuaciones del Ministerio Público, señalando presuntas demoras en la fase de investigación, manejo de pruebas y presentación de la acusación.
Asimismo, afirma que durante el proceso ha comparecido a todas las audiencias sin solicitar aplazamientos y eso incluso quedó cuatro años de prisión preventivalo que según su postura descarta cualquier intención de retrasar el caso.
- El exfuncionario también cuestiona la magnitud de la acusación, que califica de extensa y compleja, alegando que ha contribuido a la prolongación del proceso judicial.
Debate sobre los plazos
En su posición, la defensa insiste en que el proceso ha superado los límites plazos razonables establecido por las normas procesales penales, al tiempo que atribuye las dilaciones a decisiones y actuaciones del órgano acusador.
En este contexto, sostiene que los tribunales han rechazado en ocasiones anteriores las alegaciones del Ministerio Publico sobre supuestas tácticas dilatorias por su parte, afirmando que las dilaciones provienen de la parte acusadora.



