Durante décadas, los gobiernos y los bancos centrales confiaron en que las crisis económicas podrían contenerse mediante una combinación de estímulo fiscal y flexibilización monetaria. Cuando los mercados financieros colapsaron, los bancos centrales bajaron las tasas de interés e inyectaron liquidez. Ante una recesión, los gobiernos aumentaron el gasto público, redujeron los impuestos o brindaron asistencia financiera a hogares y empresas. Estas intervenciones nunca eliminaron los ciclos económicos, pero ayudaron a moderar sus consecuencias y restaurar la confianza. El problema es que, con el tiempo, muchos gobiernos confundieron la capacidad de responder a una crisis con la capacidad de gastar y endeudarse indefinidamente.
Hoy, esa forma de gestionar la economía está empezando a mostrar sus límites. La inflación persistente, los elevados déficits fiscales y la creciente deuda pública han reducido el margen de maniobra de las autoridades económicas. Los instrumentos que durante décadas nos permitieron amortiguar las recesiones siguen siendo útiles, pero utilizarlos es cada vez más caro. Lo preocupante es que buena parte de estas restricciones no responden sólo a circunstancias extraordinarias, sino también a decisiones políticas que privilegiaron los beneficios inmediatos sobre la sostenibilidad a largo plazo.
Después de la crisis financiera de 2008, las economías avanzadas disfrutaron de condiciones excepcionales. Las tasas de interés se mantuvieron en niveles históricamente bajos y la inflación se mantuvo relativamente contenida. Los gobiernos pudieron financiar déficits considerables a bajos costos, mientras que los bancos centrales ampliaron sus balances sin desencadenar inmediatamente presiones inflacionarias significativas. La pandemia reforzó la percepción de que una intervención estatal masiva podría evitar un colapso económico. Sin embargo, el posterior aumento de la inflación demostró que estas condiciones no eran permanentes.
La política monetaria enfrenta ahora un dilema particularmente complejo. Cuando la actividad económica se debilita, lo típico sería reducir las tasas de interés para estimular el consumo, la inversión y el crédito. Pero si la inflación sigue alta, esa respuesta podría exacerbar el problema. Un recorte prematuro de las tasas podría estimular la demanda, debilitar la moneda y comprometer la credibilidad del banco central. Mantener una política restrictiva, por el contrario, puede profundizar la desaceleración económica y aumentar las dificultades financieras de empresas y hogares.
La Reserva Federal enfrentó esta contradicción durante el episodio inflacionario pospandemia. A diferencia de después de 2008, cuando pudo apoyar a los mercados con una política monetaria expansiva, tuvo que aumentar agresivamente las tasas de interés para contener la inflación. Los inversores comenzaron a descubrir que una caída del mercado de valores o un deterioro de las condiciones crediticias ya no justificaban una intervención inmediata del banco central. La estabilidad de precios y la estabilidad financiera, que durante años parecieron objetivos complementarios, podían requerir respuestas difíciles de conciliar.
En el ámbito fiscal, las restricciones son igualmente preocupantes. Los gobiernos han acumulado grandes volúmenes de deuda como resultado de crisis sucesivas, compromisos de gasto permanentes y déficits presupuestarios persistentes. El aumento de las tasas de interés encarece la refinanciación de estas obligaciones y absorbe recursos que podrían destinarse a infraestructura, educación, salud o inversión productiva. Cuando una proporción cada vez mayor de los ingresos públicos debe utilizarse para pagar intereses, el presupuesto pierde flexibilidad y la capacidad de responder a nuevas emergencias se debilita.
Un país con finanzas públicas sanas puede afrontar una recesión aumentando temporalmente su déficit. Una persona muy endeudada tiene menos alternativas. El gasto adicional puede aliviar las dificultades económicas a corto plazo, pero también plantea dudas sobre la sostenibilidad de la deuda. Si los inversores exigen mayores rendimientos para financiar al gobierno, los costos del crédito aumentan en toda la economía. Los estímulos diseñados para impulsar el crecimiento pueden terminar debilitando sus propias posibilidades de éxito.
Aquí aparece una de las contradicciones más importantes de la política económica contemporánea. Muchos gobiernos mantienen déficits elevados incluso durante períodos de expansión, cuando deberían reconstruir sus reservas fiscales para afrontar futuras recesiones. El gasto público deja de responder exclusivamente a necesidades económicas y se convierte, con demasiada frecuencia, en un instrumento para satisfacer compromisos electorales, preservar la popularidad o posponer decisiones impopulares. El coste de estas decisiones no desaparece: se acumula en forma de deuda y acaba limitando las opciones de quienes deben gobernar en el futuro.
Las dificultades aumentan cuando la economía enfrenta shocks de oferta. Un aumento de los precios de la energía, una interrupción del comercio internacional o una crisis geopolítica pueden reducir la producción y aumentar los precios simultáneamente. En estas circunstancias, estimular la demanda no soluciona la escasez que provoca el problema. Una política monetaria estricta tampoco puede producir más petróleo ni reparar las cadenas de suministro. Las autoridades deben equilibrar objetivos contrapuestos, ya que los hogares y las empresas soportan las consecuencias de una alta inflación y un crecimiento más débil.
Los mercados financieros tampoco están preparados para todas las implicaciones de este nuevo entorno. Durante gran parte del período posterior a 2008, los bonos gubernamentales ofrecieron protección cuando los mercados bursátiles sufrieron pérdidas. Las recesiones a menudo llevaron a reducciones en las tasas de interés, elevando el valor de los bonos y compensando parcialmente las caídas de las acciones. Pero cuando la inflación obliga a tasas altas, ambos mercados pueden caer simultáneamente. La diversificación tradicional pierde parte de su capacidad protectora y los inversores enfrentan una volatilidad que es más difícil de gestionar.
Sin embargo, las consecuencias van mucho más allá de las carteras de inversión. El aumento de los precios del crédito desalienta la inversión empresarial, dificulta el acceso a la vivienda y aumenta la carga financiera de los hogares endeudados. La inflación reduce el poder adquisitivo, especialmente entre las familias de bajos ingresos, que asignan una mayor proporción de sus recursos a bienes esenciales. Al mismo tiempo, los gobiernos que enfrentan crecientes obligaciones de servicio de la deuda pueden verse obligados a reducir la inversión pública o limitar los programas sociales. La factura de los desequilibrios macroeconómicos termina llegando a quienes son menos capaces de protegerse.
Esta realidad también nos obliga a examinar críticamente la forma en que los gobiernos han intervenido durante las grandes crisis. La experiencia de 2008 demostró que los rescates podían evitar el colapso sistémico, pero también planteó dudas sobre la distribución de sus costos. Si bien numerosas instituciones recibieron apoyo público, millones de familias se enfrentaron al desempleo, pérdidas de propiedades y dificultades económicas. Evitar una crisis financiera protege a toda la sociedad, pero ello no justifica que las pérdidas derivadas de decisiones privadas excesivamente arriesgadas acaben repercutiéndose sistemáticamente en los contribuyentes.
Hay otro peligro menos visible: la creciente dependencia de la intervención estatal. Cuando los inversores asumen que los bancos centrales siempre proporcionarán liquidez y que los gobiernos acudirán al rescate en cualquier dificultad, pueden aumentar su exposición al riesgo. El resultado es un sistema financiero más apalancado y vulnerable, cuya estabilidad depende cada vez más de nuevas intervenciones públicas. Cada crisis deja mayores obligaciones y reduce la capacidad de respuesta ante la siguiente.
Nada de esto significa que las contribuciones de Keynes, Robert Hall, Michael Woodford y otros economistas hayan perdido relevancia. Su trabajo nos ha permitido comprender mejor la relación entre expectativas, consumo, tipos de interés y decisiones de inversión. Los modelos macroeconómicos modernos ofrecen herramientas valiosas para analizar las fluctuaciones económicas y diseñar políticas de estabilización. Pero ninguna sofisticación teórica puede eliminar las restricciones presupuestarias o reemplazar la disciplina que requiere una administración responsable de los recursos públicos. Una cosa es identificar la política económica deseable y otra muy distinta tener los medios para ejecutarla.
El problema de fondo no es la ausencia de instrumentos económicos, sino la falta de voluntad política para preservar su eficacia. Durante demasiado tiempo, muchos líderes han tratado el presupuesto público como una herramienta para gestionar el presente, sin prestar suficiente atención a las obligaciones que dejan a las generaciones futuras. Se prometen beneficios inmediatos, se posponen reformas necesarias y se acumulan compromisos cuya financiación dependerá de contribuyentes que aún no participan en las decisiones políticas.
Es hora de abandonar ese populismo macroeconómico. La responsabilidad fiscal no consiste en reducir indiscriminadamente el gasto público o renunciar a la intervención del Estado cuando las circunstancias lo justifican. Consiste en establecer prioridades, financiar de manera sostenible los compromisos asumidos y distinguir entre gasto que genera beneficios económicos duraderos y gasto que responde principalmente a conveniencias políticas. Un gobierno responsable debe invertir en infraestructura, educación, salud y productividad, pero también reconocer que los recursos son limitados y que cada decisión presupuestaria implica costos y sacrificios.
Recuperar el margen de maniobra en la política económica requiere reconstruir la credibilidad fiscal a través de presupuestos sostenibles, sistemas tributarios eficientes y una gestión rigurosa del gasto. Los bancos centrales, por su parte, deben preservar su independencia y confianza en la estabilidad de precios, sin renunciar a los instrumentos necesarios para afrontar verdaderas emergencias financieras. La regulación también debería desalentar el apalancamiento excesivo y evitar que las pérdidas privadas se conviertan recurrentemente en pasivos públicos.
Un gobierno que agota su capacidad fiscal durante períodos de expansión tendrá dificultades para responder cuando llegue una recesión. Un banco central que sacrifique su credibilidad para apuntalar artificialmente los mercados puede terminar enfrentando un ajuste mucho más doloroso. La verdadera fortaleza de una economía radica no sólo en su capacidad para intervenir durante las crisis, sino en la prudencia con la que administra sus recursos cuando las condiciones son favorables.
El mayor peligro que enfrenta la economía global no es que las autoridades hayan olvidado cómo combatir las recesiones. El hecho es que las sucesivas crisis, el endeudamiento excesivo y la persistencia de la inflación han ido erosionando los instrumentos de los que dependen para contenerlas. El próximo gran shock podría llegar antes de que los gobiernos y los bancos centrales hayan recuperado la capacidad financiera e institucional necesaria para afrontarlo.
Poner la casa en orden no significa renunciar al crecimiento ni a la protección social. Significa reconocer que ninguna economía puede sostener indefinidamente compromisos mayores que su capacidad para financiarlos y que la estabilidad no se construye acumulando deudas que otros deben pagar. La responsabilidad de los líderes políticos no termina con el próximo presupuesto ni con las próximas elecciones. También llega a las generaciones que heredarán las consecuencias de sus decisiones. Gobernar responsablemente requiere pensar en ellos antes de que llegue la próxima crisis.
