Ernesto Hernández Norzaga/Latinoamérica21
En los días posteriores a la ejecución de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, el debate público se centró, casi automáticamente, en las consecuencias inmediatas de la operación. La atención se centró en dos niveles: por un lado, la recomposición interna del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y, por el otro, el impacto de este golpe en la relación del gobierno mexicano con Estados Unidos. Sin embargo, más allá de la situación, la pregunta de fondo es otra: ¿puede esta victoria táctica convertirse en una oportunidad para la concentración de poder en el Ejecutivo mexicano bajo el argumento de la seguridad nacional?
El apoyo social inmediato al operativo en Tapalpa, Jalisco, es información relevante. Según una encuesta de GobernArte SC, el 82,4% de los entrevistados “aprobó absolutamente” la intervención militar. Esa legitimidad es comprensible en un país agotado por la violencia. Pero también es el capital político que nos permite profundizar en decisiones excepcionales. Cuando la ciudadanía percibe resultados concretos como la caída del “criminal más buscado”, se amplía el margen para que el Ejecutivo fortalezca el aparato coercitivo del Estado sin enfrentar mayores resistencias.
La experiencia comparada muestra que la centralización del poder rara vez se presenta como una ruptura abrupta. Se construye gradualmente, bajo la narrativa de la necesidad. Más presencia militar en tareas de seguridad pública, mayor discreción presupuestaria para las Fuerzas Armadas, ampliación de poderes de inteligencia y coordinación directa con actores externos sin una supervisión parlamentaria robusta. Todo ello puede justificarse como imprescindible para afrontar una amenaza que, lejos de desaparecer, podría intensificarse.
En ese sentido, la caída de Oseguera no cierra el ciclo de violencia; Probablemente lo reconfigure. La larga experiencia latinoamericana enseña que cuando cae el líder de un cártel, los distintos liderazgos regionales enfrentan un dilema: esperar el surgimiento de un nuevo comando que preserve la unidad o independizarse para disputar territorios y mercados criminales. Este proceso de fragmentación suele ser más violento que la etapa de hegemonía.
Un precedente reciente lo confirma. La fractura del Cártel de Sinaloa, tras el secuestro y traslado a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada, dio lugar a dos facciones, “Los Mayos” y “Los Chapitos” que se disputan el control de la organización desde septiembre de 2024. La división no solo fragmentó el liderazgo, sino que arrastró a los liderazgos regionales y multiplicó los enfrentamientos. Nada indica que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) esté exento de un proceso similar.
Si la fragmentación del CJNG conduce a una intensificación de la violencia en los al menos 20 estados donde se encendieron luces rojas tras la caída de su líder, el argumento a favor de reforzar la militarización ganará fuerza. Los narcobloqueos, los ataques contra instituciones públicas y empresas privadas y un número creciente de soldados, guardias nacionales y policías muertos en combate alimentan la percepción de guerra interna. En este clima, la exigencia de orden tiende a prevalecer sobre la defensa de contrapesos.
A este panorama se suma la dimensión internacional. La operación que culminó con la ejecución de Oseguera evidenció una estrecha colaboración con Estados Unidos. El esquema descrito por diversos analistas es claro: los servicios de inteligencia estadounidenses realizan investigaciones y localización de “objetivos narcoterroristas”, procesan la información y la entregan al sistema de seguridad nacional mexicano, que ejecuta las operaciones. Aunque los agentes estadounidenses no aparecen públicamente, el seguimiento estratégico es estrecho.
Esta cooperación marcó un punto de ruptura respecto de la política de “abrazos, no balazos” de la administración anterior, asociada a una estrategia de contención que, según sus críticos, paralizó la captura de importantes capos del narcotráfico. El nuevo enfoque se basa en ataques directos y coordinación bilateral. Sin embargo, fortalecer la seguridad hemisférica puede tener un efecto colateral: consolidar un modelo altamente centralizado en el que las decisiones estratégicas se concentran en el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas, con poco debate público.
La legitimidad de la colaboración con Washington –especialmente si produce resultados visibles– reduce los incentivos para discutir sus límites. ¿Qué mecanismos de supervisión existen? ¿Cuál es el papel del Congreso en la definición de la estrategia? ¿Cómo se garantiza que la ampliación de los poderes militares no desplace definitivamente a las instituciones civiles? Estas cuestiones tienden a quedar relegadas cuando la prioridad es neutralizar amenazas inmediatas.
El riesgo no es la cooperación en sí misma, sino su institucionalización sin contrapesos. En un contexto en el que varias instituciones de la transición democrática han sido debilitadas o capturadas, la expansión del poder militar puede volverse estructural. Incluso si hubiera alternancia partidista, la inercia de un aparato de seguridad fortalecido con amplio apoyo social podría perdurar. Parafraseando a Fouché, los gobiernos pasan, los militares permanecen.
Desde un punto de vista democrático, el escenario más probable no es la cancelación de elecciones, sino la transformación del ecosistema político. Las elecciones podrían celebrarse, pero en un entorno en el que decisiones clave como el presupuesto, la inteligencia o la seguridad interna están cada vez más en manos militares. La concentración de poder no siempre toma la forma de un colapso institucional; a veces se manifiesta como una reconfiguración silenciosa de prioridades y equilibrios.
Ante este panorama, el campo democrático enfrenta un doble desafío. Por un lado, reconocer la urgencia de combatir las viejas y nuevas organizaciones criminales. Por otro lado, evitar que
la urgencia se convierte en una justificación permanente para ampliar sin límites el poder del Ejecutivo. La revitalización del debate público en torno a reformas institucionales y contrapesos es una señal de que existen reservas cívicas, pero su efectividad dependerá de su capacidad para articular una propuesta que no se perciba como indiferente a la inseguridad.
En resumen, la ejecución de “El Mencho” puede leerse como un éxito operativo y, al mismo tiempo, como el punto de partida de una redefinición del equilibrio de poder en México. Si la violencia se intensifica por la fragmentación del CJNG y la cooperación bilateral se profundiza con amplia legitimidad social, el Ejecutivo tendrá incentivos y margen para concentrar más poderes. La historia latinoamericana advierte que las emergencias tienden a expandir el poder estatal más allá de la situación que las originó. Evitar que la excepción se normalice es, hoy, la tarea central de la democracia mexicana.
