Él Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, estimó este jueves que la investigación que ha abierto para imponer nuevas aranceles a 60 economías, incluida la República Dominicanaargumentando que no están haciendo lo suficiente para evitar el ingreso de productos elaborados con trabajo forzado.
«Estamos muy centrados en este tema», explicó Greer en declaraciones a la prensa en París, donde participaba en la reunión ministerial anual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Destacó que se trata de «una investigación compleja» que busca analizar diferentes prácticas en numerosos países y a la pregunta de cuánto tiempo podría tardar, respondió que cree que será «cuestión de semanas».
Según los Estados Unidos, «sobre la base de la información obtenida durante las investigaciones y teniendo en cuenta el asesoramiento de los comités asesores pertinentes y del Comité del Artículo 301, el Representante Comercial ha hecho las siguientes determinaciones de conformidad con los artículos 301(b) y 304(a) de la Ley de Comercio (19 USC 2411(b) y 2414(a)): los actos, políticas y prácticas de cada una de las 60 economías incluidas en las investigaciones no son razonables y obstaculizan o restringen el comercio de los Estados Unidos y, por lo tanto, son procesables según la sección 301 (b) de la Ley de Comercio».
Y añade que, «basándose en la información obtenida durante las investigaciones, incluidas consultas confidenciales entre gobiernos, comentarios públicos, testimonios reunidos en audiencias públicas, asesoramiento confidencial de los comités asesores pertinentes y del Comité de la Sección 301, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) preparó un informe completo titulado ‘Actos, políticas y prácticas de varias economías relacionadas con la falta de imponer y aplicar eficazmente la prohibición de la importación forzosa de bienes producidos con mano de obra'».
En respuesta a la críticas de muchos de los socios Ante quienes ha amenazado con estos nuevos aranceles, entre los que se encuentran los de la Unión Europea, pero también México y otros países latinoamericanos, el USTR enfatizó que «nada de esto es nuevo, no es ninguna sorpresa» porque ya lanzaron esta ofensiva hace un año con una investigación contra Brasil y hace una semana contra Vietnam.
Recordó que esto lo había planteado precisamente en la OCDE hace un año y que entonces ya había dicho que en su país estaban «muy preocupados» por el tema del trabajo forzoso, por la entrada de productos que lo utilizan en la cadena de suministro y por la incapacidad de los países para tomar medidas efectivas.
Greer reiteró que es una herramienta que Estados Unidos había anunciado que iba a utilizar y es parte de su política comercial.
Insistió cuando se le preguntó si estos nuevos aranceles se sumarían en el caso de la UE a los que los Veintisiete habían aceptado en el conocido como acuerdo Turnberry, alcanzado en el verano de 2025 entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
En concreto, señaló que el compromiso del año pasado establece que la UE reconoce que Estados Unidos puede imponer aranceles hasta un cierto nivel y que ofrece a Washington cierto margen de maniobra para fijar esos aranceles.
«Por supuesto», dijo, «vamos a tener en cuenta el acuerdo de Turnberry porque creemos que aborda muchos de estos problemas si se implementa plenamente, si se aborda adecuadamente. Así que creemos que hay margen para integrar ese acuerdo en el marco de lo que estamos haciendo ahora, siempre y cuando la UE cumpla con el acuerdo de Turnberry».
El funcionario comercial de Estados Unidos indicó que su país tiene desde hace 100 años una ley que prohíbe la importación de productos fabricados total o parcialmente con trabajo forzoso, que desde hace unos 10 años ha decidido ser vigoroso en su aplicación y que «en gran medida» son los «únicos» que tienen «un nivel de ambición en la aplicación» de esa norma.
Admitió que hay países como la Unión Europea, Canadá o México que tienen leyes bastante similares pero, según los análisis que han realizado, no las están aplicando adecuadamente.
Sin embargo, explicó que planea imponer un arancel del 10% a esos países, mientras que aquellos que carezcan de una ley sólida que prohíba la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso tendrán un 12,5%.
Respecto al caso específico de la UE, comentó que la ley existe pero aún no se ha puesto en práctica y que a medida que los países modifiquen sus prácticas, Estados Unidos analizará esos cambios: «Queremos ver evidencia real».
Cuestionado sobre si se está considerando la posibilidad de trabajar en un acuerdo internacional para solucionar el tema de las importaciones de productos de trabajo forzoso, Greer dijo que «sería abierto» y cuando se le sugirió si eso se podría hacer en un organismo como la OCDE, respondió que «sería un gran foro».
Añadió que, por el contrario, no parecería adecuado hacerlo en la Organización Mundial del Comercio (OMC), que tiene «muchas dificultades para llevar a cabo acciones multilaterales» porque no todos sus miembros lo creen necesario por el mismo motivo.
«Es más fácil hacerlo entre un grupo más pequeño de democracias de mercado, como lo es en gran medida la OCDE. Así que Estados Unidos está abierto a instrumentos que impliquen el comercio futuro en la OCDE», dijo.
