Siempre se ha sostenido el criterio de que nuestra democracia es muy cara porque a la hora de establecer diferencias entre nuestro país y otros países América Latina y el mundo, nos encontramos con que aquí tenemos un exceso de instituciones, muchas veces, creadas con propósitos similares, lo que provoca confusión sobre las responsabilidades de unas y otras y al mismo tiempo sobrecarga el gasto público.
La cuestión surge de la ardiente oposición a las intenciones del Junta Central Electoral eliminar una serie de partidos pequeños que existen como obstáculos para aprovechar el presupuesto de la entidad y los partidos mayoritarios que los eligen como aliados a cambio de cargos públicos y otros privilegios si llegan al poder.
Es decir, carecen de ideologías propias y adoptan las de los partidos mayoritarios y candidatos que más les ofrecen, por lo que podemos ahorrarnos el trabajo y los altos costes que suponen estos partidos pequeños, promoviendo que sus dirigentes se pongan al servicio, desde el principio, de los líderes de los partidos que les garantizan su cuota de poder.
De esta manera bajamos el costo económico de la democracia y reducimos la cantidad de trabajo burocrático que implica la validez de tantos partidos clave en el sistema.
