SANTO DOMINGO.- Los operadores de juegos de azar en República Dominicana tendrían un plazo de un año para adaptarse al nuevo régimen regulatorio propuesto en el proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional, una vez que entre en vigor, según la abogada y especialista Yamile Gutiérrez.
La iniciativa, que se encuentra a la espera de la decisión del Poder Ejecutivo, contempla una transformación de la estructura de supervisión del sector con la creación de la Dirección General del Juego (DGJA), que asumiría las funciones de supervisión establecidas en el nuevo marco regulatorio.
Entre los cambios previstos se encuentra un período de adaptación de un año para los operadores que ya están operando. Durante ese tiempo deberán regularizar su situación, actualizar la documentación requerida y conectar sus plataformas tecnológicas de acuerdo con los nuevos requisitos.
El proyecto también contempla cambios para los concesionarios de lotería electrónica que mantengan contratos estatales. Éstos deberán sustituir dichos contratos por una nueva licencia dentro del mismo plazo de un año establecido para la adaptación.
Otro aspecto incluido es un mayor control sobre la estructura societaria de las empresas. La normativa requeriría información y supervisión sobre accionistas, administradores y beneficiarios finales, como parte de las medidas de transparencia previstas para el sector.
En el caso de los juegos de azar en línea, el proyecto propone un régimen de licencias y controles destinados a evitar operaciones no autorizadas.
Las licencias tendrían distintos periodos de vigencia según el tipo de actividad: tres años para las salas de bingo; cinco años para bancos de loterías, juegos virtuales y agencias de carreras de caballos; y 10 años para casinos, banca deportiva, licencias de máquinas tragamonedas y juegos de azar por Internet.
La propuesta también incorpora medidas relacionadas con el juego responsable, incluidos mecanismos de protección a menores y acciones de prevención de adicciones, además de avisos obligatorios en los establecimientos dedicados a estas actividades.
Gutiérrez consideró que los operadores deben comenzar ahora a revisar sus procesos internos a la luz de los cambios propuestos. “Este es el momento de que cada operador realice un diagnóstico regulatorio de su empresa”, indicó el especialista.
El régimen sancionador es otro de los puntos que, según Gutiérrez, requerirá especial atención. Según el contenido del proyecto citado por el especialista, las consecuencias por incumplimiento irían desde multas administrativas hasta penas de prisión de hasta 10 años para directores y accionistas en determinados casos.
“Quien cumple, opera; quien incumple, enfrenta consecuencias”, dijo Gutiérrez al referirse al nuevo esquema de cumplimiento que propone la iniciativa.
