En observaciones de campo se registran barreras importantes en el acceso tecnológico a servicios gubernamentales y financieros para personas que residen en comunidades del interior del país, a diferencia de Santo Domingo y Santiago.
Muchas aplicaciones que las personas “se supone” deben “descargar” para acceder a información o solicitar un servicio, códigos QR y otros mecanismos de acceso, se convierten en un dolor de cabeza para quienes no tienen orientación sobre cómo utilizarlas. A esto se suma la falta de conexión a internet fija en los hogares y de telefonía celular. Por el contrario, el uso de “paquetes” y “recargas” es común y limitante.
En el país hay avances en conectividad, telecomunicaciones y servicios digitales que reflejan la integración de una parte de la población a la economía digital. Estos procesos no han beneficiado a todos los grupos sociales. Existen grandes brechas en el acceso, uso y explotación de tecnologías que generan exclusión y desigualdad social.
entre un 35% y 47% de los adultos (Global Findex/Banco Mundial, 2025) están excluidos de varias plataformas digitales financieras, solo el 21,5% cuenta con una conexión adecuada, frecuente y segura para aprovechar plenamente los servicios digitales. Una realidad marcada por la exclusión económica y digital que se exacerba en los sectores de menores ingresos, las comunidades rurales y urbano-marginales, las personas que viven en la economía informal o con bajos salarios y quienes residen en zonas periféricas de los centros urbanos del país.
López Valerio (2025) Indica que República Dominicana ha avanzado en conectividad, pero aún enfrenta problemas para convertir la tecnología en una herramienta para el desarrollo económico sostenible. Según su análisis, el país sigue viendo la tecnología como un gasto y no como una inversión estratégica capaz de generar capacidades locales, innovación y valor agregado; La transformación digital no logra beneficiar a todos los grupos sociales por igual, generando una economía digital dividida entre sectores plenamente integrados y aquellos que están al margen.
“La verdadera inclusión tecnológica no se mide solo por la disponibilidad de Internet o de dispositivos, sino por la capacidad de la población para utilizar plataformas digitales en actividades productivas, educativas, financieras y de interacción con los servicios públicos. La conectividad por sí sola no garantiza la participación plena en la economía digital” (Op.cit, 2025).
La brecha digital en nuestro país es un problema no sólo tecnológico sino también económico y social. Refleja desigualdades históricas que han forjado una sociedad altamente estratificada con ingresos inestables vinculados a la precariedad en los servicios fundamentales, la educación y la gestión tecnológica. Un círculo de exclusión cuya ruptura requiere voluntad política y transformaciones en las lógicas de gestión y desarrollo de las políticas sociales y tecnológicas actuales.
