Por John Vladimir Bencosme Guzmán
Estoy cansado. Y no lo digo con ligereza. Lo digo desde una fatiga profunda, acumulada, de esas que no vienen del cuerpo, sino del alma cívica. Una que nace de observar cómo, una y otra vez, las políticas públicas en mi país no están hechas para resolver los problemas, sino para administrarlos. Para maquillarlos. Para convertirlos en parte del paisaje político, no para erradicarlos.
A veces tengo la amarga impresión de que hay un diseño premeditado detrás de esta inercia: que los problemas sociales, económicos y estructurales se perpetúan no por incapacidad, sino porque son útiles. Porque sirven como instrumentos de clientelismo, como plataformas de campaña, como excusas para entregar dádivas con nombre propio y propaganda incluida. Es como si resolver un problema fuera menos rentable que mantenerlo vivo, siempre y cuando se pueda gestionar en pequeñas dosis, con soluciones cosméticas y promesas recicladas.
No es un simple error de diseño: es una estrategia política. Cuando un gobierno prefiere repartir raciones en vez de garantizar empleo digno, cuando prioriza bonos temporales en lugar de reformar de raíz el sistema educativo o de salud, cuando cada carencia se convierte en una oportunidad para capturar lealtades, no estamos hablando de políticas públicas. Estamos hablando de políticas de clientela. Y eso, aunque se disfrace de eficiencia o sensibilidad social, es profundamente injusto.
He visto cómo programas que nacieron para combatir la pobreza terminan alimentando su reproducción. Cómo proyectos de vivienda popular se convierten en botines electorales. Cómo la asistencia se convierte en obediencia, y la dependencia en capital político. No se trata de negar la necesidad de ayudas puntuales —hay realidades urgentes que no pueden esperar una gran reforma estructural—, pero si lo único que hacemos es parchear, entonces no estamos gobernando: estamos administrando la precariedad como si fuera un modelo de desarrollo.
Hay que decirlo con claridad: no puede haber dignidad en una sociedad donde los ciudadanos son tratados como súbditos agradecidos y no como sujetos de derechos. La verdadera política pública no busca fidelizar clientes, sino liberar a las personas de las condiciones que limitan su autonomía.
Yo no quiero un Estado que me regale una canasta básica; quiero un Estado que me garantice un salario digno para que yo pueda llenar mi propia despensa. No quiero becas limitadas para unos pocos afortunados con un padrino político; quiero un sistema educativo robusto, gratuito, competitivo, sin importar la cédula o el color del partido. No quiero que me curen con una pastilla electoral; quiero un sistema de salud que no me enferme más por entrar a una emergencia pública.
Y todo esto no es una fantasía idealista. Es posible. Requiere voluntad política, planificación técnica, transparencia y, sobre todo, una ruptura ética con la cultura del clientelismo. Necesitamos repensar las políticas públicas no desde la lógica de la coyuntura, sino desde la mirada de largo plazo. No desde la inmediatez del voto, sino desde la permanencia del bienestar colectivo.
Lo urgente no debe seguir desplazando lo importante. No podemos seguir atrapados en un bucle donde cada cuatro años se reinicia la simulación. Es hora de romper con la idea de que gobernar es resolver lo inmediato y postergar lo estructural. El futuro de un país no se construye con paliativos, sino con decisiones valientes.
Y sí, soy crítico. Pero también soy propositivo. Porque no me resigno. Porque creo que hay otra forma de hacer política. Porque creo que es posible construir un país donde los problemas no sean negocios, donde las soluciones no se den con condicionamientos, donde la ciudadanía no tenga que agradecer lo que le corresponde por derecho.
Este artículo no es solo una queja. Es un llamado. A la conciencia. Al debate. A la acción. A que quienes diseñan políticas recuerden que están al servicio de personas, no de cálculos. A que los ciudadanos exijamos más que promesas: exijamos respeto.
Porque cuando las políticas públicas se hacen para resolver —y no para administrar—, entonces sí, la política puede volver a ser una herramienta de transformación, y no de manipulación.
