Santo Domingo.- Como parte de la investigación, el Operación CamaleónLa Fiscalía General de la Nación ha descubierto que José Ángel Gómez Canaán, uno de los principales imputados en el caso de corrupción relacionado con Transcore Latinoamérica, Tenía en su poder documentos que supuestamente detallaban actividades de inteligencia sobre jueces en el país.
Durante un cateo a un vehículo vinculado a Gómez Canaán, las autoridades encontraron una lista con los nombres de varios jueces y funcionarios judiciales, entre ellos Keila S. Pérez Santana, Elías Santini Perera y Arisleyda Méndez Batista. La lista, descubierta en la guantera del vehículo, se considera evidencia directa de la vigilancia y seguimiento de los movimientos y decisiones de estos magistrados, todos involucrados en casos importantes en el país.
La Fiscalía Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) ha señalado que este hallazgo confirma la existencia de una red de espionaje que operaba para controlar y manipular el sistema judicial dominicano. Los documentos incautados, que incluyen nombres de jueces, alguaciles y abogados, muestran que esta red tenía como objetivo influir en los procesos judiciales, probablemente en beneficio de los acusados en diversos casos de corrupción.
Además de la lista de jueces, en el allanamiento se encontraron armas de fuego, entre ellas una pistola y una escopeta modificada, lo que generó preocupación sobre los métodos y el alcance de las actividades ilegales que involucran a la red. Esta situación pone de relieve la vulnerabilidad del sistema judicial ante posibles ataques a su independencia y seguridad.
En la residencia de José Ángel Gómez Canaán, ubicada en Santo Domingo, las autoridades incautaron otros documentos confidenciales del Ministerio Público y de la Contraloría General de la República. Entre ellos, copia de una carta del PEPCA dirigida a la Contraloría, en la que se demuestra que Gómez Canaán tuvo acceso a información interna y privilegiada de las investigaciones por corrupción que estaban en curso. Estos documentos también incluyeron comunicaciones entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y Hugo Beras, su actual director.
Uno de los documentos más comprometedores fue una carta firmada por Luis Soto, de la Dirección Nacional de Investigación (DNI), en la que advertía a Beras sobre los riesgos de manipular el sistema de semáforos en el Gran Santo Domingo. Esta carta fue encontrada en posesión de Gómez Canaán, lo que sugiere una conexión directa entre ambos en el seguimiento y control de información sensible.
