Santiago.- La Fiscalía de Santiago presentó cargos formales contra 21 acusados, incluidas dos entidades corporativas, involucradas en una red de delitos cibernéticos que defraudó a cientos de adultos mayores estadounidenses por millones de dólares a través de fraudes electrónicos, y cuyos esquemas fraudulentos fueron investigados y frustrados por la Operación Discovery 2.0.
El escrito de acusación presentado poco antes de la medianoche de este lunes ante la Secretaría General de la Jurisdicción Penal de este distrito judicial consta de 950 folios que contienen más de 450 piezas de prueba, entre documentales, periciales, materiales, testimoniales y de otro tipo.
Esta evidencia, recabada en las distintas diligencias investigativas realizadas por la Fiscalía de Santiago, con el apoyo de la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), la Policía Nacional, la Policía de Nueva York y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos, revela las maniobras fraudulentas mediante las cuales los imputados sustrajeron recursos del sistema de seguros y fondos de pensiones en perjuicio de cientos de adultos mayores.
La Operación Discovery 2.0 es una de las investigaciones más complejas de los últimos años para la Fiscalía de Santiago, cuyos peritos, fiscales y abogados analizaron miles de documentos y tramitaron órdenes judiciales para cientos de escuchas telefónicas, en el esfuerzo de identificar y analizar los perfiles de los estrategas de esta estructura mafiosa.
La investigación, además de desmantelar una de las organizaciones criminales mejor estructuradas a partir de los múltiples roles que cumplían sus integrantes en la planificación y ejecución de las estafas, destapó el estado vulnerable de los afectados, trabajadores mayores jubilados, que perdieron los ahorros que habían tenido durante décadas para contar con un fiador que les garantizara la cobertura de sus necesidades.
A la fecha, del grupo de imputados permanecen cumpliendo prisión preventiva ordenada por Primera Instancia: Miguel Ángel Camilo Pérez, Erick Ángel Peña Núñez, Juan Armando Vásquez Ramírez, Freddy Urtarte (lMetra), Hayler Andrés Olivarez Núñez y Kelvin Antonio Carmona Sánchez.
Los delitos atribuidos a la red, que fueron admitidos por varios acusados, incluyen fraude, intimidación, suplantación de identidad y lavado de dinero.
Como parte de los acuerdos de cooperación internacional, la Fiscalía tramitó con Estados Unidos, a través de sus agencias de investigación, el proceso de extradición de los imputados Juan Rafael Peña Arias, José Ismael Diloné Rodríguez, Félix Manuel Reynoso Ventura, Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán y Miguel Ángel Vásquez, quienes son juzgados por estos delitos en esa nación.
La Fiscalía solicita la confiscación de cientos de bienes materiales como vehículos, propiedades y dinero en efectivo.
Las quejas
Además del daño económico que sufren cientos de ancianos, los crímenes cometidos por los miembros de esta estructura constituyen un insulto a la imagen de la República Dominicana, lo que a su vez daña el turismo, una de las principales actividades en las que se basa la economía nacional; afecta las relaciones de la nación con otros países, y representa un punto de ruptura para el futuro y la estabilidad de las familias que se ven privadas de sus recursos.
La Fiscalía ha determinado que uno de los imputados, Claudio Santana o Claudio Mercedes, detenido en el proceso, fue deportado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por diversos delitos cometidos contra la legislación de esa nación.
La Fiscalía realizó esta investigación contra estos ciberdelincuentes quienes eran propietarios y operadores de cuatro call center clandestinos, los cuales fueron allanados, incautándose pruebas contundentes de los delitos imputados.
La Operación Descubrimiento 2.0 fue ejecutada por un equipo multidisciplinario de oficiales e investigadores que incluyó a más de 26 fiscales, más de 230 agentes de la Policía Nacional y técnicos de la Fiscalía Especializada en Delitos y Delitos de Alta Tecnología y de la Dirección General de Acusación del Ministerio Público, que se desplegaron en la coordinación operativa.
