SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Contratos Públicos (DGCP) suspendió provisionalmente la Registro de Proveedores del Estado (RPE) de cuatro empresas y envió los resultados a diferentes órganos de control, incluido el Ministerio Publicotras detectar posibles vínculos con personas y empresas que están siendo investigadas por presuntos delitos contra la Administración pública.
Las empresas alcanzadas por la medida son Grupo Zomo, SRL; Corporación Suroeste Dominicana, SRL; Marenas, SRL; y Procesadora de Granos de Santo Domingo CK 1000, SRL.
La decisión está contenida en el acto administrativo núm. DGCP44-2026-003760emitido el 14 de septiembre, y fue adoptado luego de procesos de verificación, interoperabilidad y cruce de información realizados por la institución.
Según lo explicado por el DGCPestas herramientas permitieron detectar coincidencias y posibles conexiones de las cuatro empresas con proveedores cuyos registros ya habían sido suspendidos en el marco de investigaciones del Ministerio Público relacionadas con presuntos delitos en procesos de contratación pública.
Hallazgos fueron enviados al Ministerio Público
Además de la Fiscalía General de la republicala DGCP informó que envió el acto administrativo a la Fiscalía Especializada en Enjuiciamiento de Corrupción administrativa (PEPCA)el Contralor General de la República, el Cámara de Cuentas y el Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
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El objeto de la remisión es poner a disposición de las instituciones correspondientes los hallazgos identificados por el órgano rector de la contratación pública para los efectos de sus respectivas habilidades.
El director general de la DGCP, Carlos Pimentelseñaló que la acción se sustenta en las facultades otorgadas por el Ley núm. 47-25 de Contratación Pública y su reglamento de desarrollo, núm. 52-26.
La institución indicó que el buscar medidas proteger los bienes públicos y evitar que empresas relacionadas con personas o estructuras empresariales previamente suspendidas sean utilizadas como mecanismos indirectos para continuar participando en procesos de compras del Estado.
Una medida preventiva, no una sanción
La DGCP aclaró que la suspensión es cautelar, preventiva y provisionalpor lo que no constituye una sanción ni significa que las empresas o sus ejecutivos hayan sido declarados responsables de algún delito.
La determinación de posibles responsabilidades penales o administrativas corresponde a la Ministerio Público y los tribunales competentesconforme al debido proceso.
En el acto administrativo, el DGCP Sostiene que la medida responde a la necesidad de evitar una posible elusión de medidas cautelares previamente adoptadas contra otros proveedores.
“La medida supera un examen de razonabilidad y proporcionalidad y persigue el objetivo legítimo de preservar la transparencia, la libre competencia y el patrimonio público frente a la necesidad de evitar la evasión de medidas cautelares anteriores”. establece el documentoo.
La suspensión se mantendrá mientras avanzan las investigaciones
Según el DGCPLa suspensión de los expedientes se mantendrá vigente hasta que concluyan las investigaciones judiciales vinculadas a los casos de origen o hasta que se desvincule o
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