Ronald Jonathan Cañarte Porquencia/Latinoamérica21
La consulta había terminado. El diagnóstico también. Ya sólo faltaba retirarle la medicación. “No hay”, le dijeron en la farmacia del hospital. «Tendrás que comprarlo afuera». Para aquel paciente, los cuidados acabaron convirtiéndose en un gasto que no había previsto y que ahora debía asumir por su cuenta. La enfermedad era la misma. Lo que cambió fue quién acabó pagando la cuenta.
Esta escena ocurre a diario en los países latinoamericanos. Y plantea una cuestión de política pública que va más allá del costo de un medicamento: ¿qué significa realmente hablar de salud universal cuando parte del costo de enfermarse termina repercutiéndose en las familias?
Durante las últimas décadas, los países de la región han ampliado la cobertura de salud y desarrollado diferentes mecanismos de aseguramiento. Sin embargo, estar cubierto no siempre significa estar protegido. La universalidad de la salud también requiere que recibir atención no obligue a los hogares a asumir costos que comprometan sus finanzas.
¿Quién paga la salud en América Latina?
La protección financiera es uno de los componentes de la cobertura universal. Un sistema de salud no sólo debe garantizar el acceso oportuno a servicios de calidad, sino también reducir el riesgo de que las familias enfrenten dificultades financieras para financiar directamente su atención.
Para examinar esta relación, analizamos información comparable del Banco Mundial correspondiente a ocho países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay, durante el período 2000-2023.
La comparación muestra diferencias importantes. México registró el mayor gasto de bolsillo promedio, con 47.87% del gasto corriente en salud, seguido de Ecuador, con 45.71%. Chile alcanzó el 38,12% y Perú el 36,08%. Brasil y Argentina registraron 31,30% y 28,09%, respectivamente. En el extremo inferior se ubicaron Uruguay, con 20,54%, y Colombia, con 16,10%.
Cuando miramos el esfuerzo público, aparece otra dimensión de comparación. Argentina asignó, en promedio, el 5,67% de su PIB al gasto del gobierno general en salud; Uruguay, 5,38%; Colombia, 5,26%; Brasil, 3,89%; Chile, 3,82%; Ecuador, 3,45%; Perú, 2,96%, y México, 2,72%.
Los datos muestran una tendencia general: los países con niveles más altos de financiamiento público tienden a registrar proporciones más bajas de gasto de bolsillo. Pero gastar más no garantiza, por sí solo, que las familias paguen menos. De esto se puede extraer una primera conclusión: la financiación pública importa, pero no explica toda la historia.
La paradoja de América Latina
Estos porcentajes revelan algo más profundo que una forma de financiación: muestran hasta qué punto las fallas de los sistemas de salud terminan pasando la factura a los hogares. Detrás de esa cifra hay familias que reorganizan su presupuesto, utilizan sus ahorros, posponen otros gastos o incluso se endeudan para continuar con el tratamiento. Los gastos no desaparecen. Simplemente cambian de manos.
En la comparación, México y Ecuador combinan niveles más bajos de gasto público con las proporciones más altas de gasto de bolsillo. Argentina muestra otra cara de la misma paradoja: si bien tiene uno de los niveles más altos de gasto público general en salud, mantiene una proporción relativamente alta de gasto de bolsillo. Esto sugiere que el volumen de recursos no explica por sí solo el grado de protección financiera logrado.
Incrementar los recursos públicos es una condición necesaria para fortalecer la protección financiera de las familias, pero no es suficiente. La forma en que cada sistema organiza, distribuye y convierte esos recursos en beneficios de salud efectivos también influye en cuánto terminan pagando los hogares.
Por tanto, el debate sobre la universalidad no debería limitarse a saber cuánto dinero se destina a salud. También debería preguntarse cómo ese dinero cierra las brechas en la atención médica gratuita, accesible y de calidad para nuestras comunidades.
Ésa es la paradoja latinoamericana. Un paciente puede tener el derecho a la salud escrito en su Constitución y estar formalmente cubierto, y aun así terminar pagando porque un medicamento no está disponible cuando lo necesita. Puedes acceder a una consulta sin realizar un pago directo y aún asumir otros costos para completar tu atención.
Lo gratuito, por tanto, tiene una dimensión que va más allá de no pagar al recibir un servicio. Implica también que el sistema sea capaz de evitar que una parte importante del coste de enfermarse recaiga sobre las familias.
El desafío no es sólo aumentar el gasto público. Consiste en asegurar que este gasto se transforme en acceso oportuno, beneficios disponibles y menores gastos de bolsillo para los hogares.
La deuda pendiente de la cobertura universal
América Latina ha avanzado en la ampliación de la cobertura sanitaria universal, pero el gasto de bolsillo sigue siendo una fuente importante de financiación de sus sistemas de salud. La comparación entre estos ocho países muestra que la región continúa enfrentando diferencias importantes en la capacidad de proteger económicamente a sus hogares contra la enfermedad.
Por lo tanto, la universalidad no debe medirse únicamente preguntando cuántas personas están cubiertas. También habría que preguntarse cuánto deben sacrificar las familias para financiar lo que el sistema no puede garantizar.
Cuando una familia debe comprar un medicamento, pagar un examen o recurrir a la atención médica privada, el gasto no desaparece: cambia de manos. Sale del presupuesto público y entra en el presupuesto familiar. Y no todos los hogares tienen lo mismo
capacidad de absorberlo. De esta manera, el gasto de bolsillo no sólo expresa una brecha de protección financiera; También puede profundizar las desigualdades económicas que los sistemas de salud deberían ayudar a reducir.
Ese es el desafío para América Latina: construir sistemas de salud capaces de proteger financieramente a sus familias. El éxito no reside simplemente en cuánto gasta un Estado, sino en cuánto logra evitar que el coste de enfermarse recaiga sobre los hogares.
La consulta terminará igualmente con un diagnóstico y una prescripción. Lo que debe cambiar la cobertura universal es lo que sucederá a continuación. El día que un paciente pueda recoger su medicación en la farmacia del hospital sin tener que oír “No hay” o “Vuelve la semana que viene”, la factura ya no llegará a la mesa de su casa.
Y entonces la cobertura universal ya no será sólo una promesa de acceso sino que finalmente se convertirá en una verdadera protección contra el costo de enfermarse.
