Bogotá.- Una nueva medida de un tribunal del departamento colombiano de Guaviare (centro-sur) ordenó este sábado al presidente de ese país, Abelardo de la Espriella.y en Ejército No bombardear objetivos de grupos armados en la zona si hay información sobre la presencia de menores.
Esta decisión se suma a una medida cautelar de un juzgado de Bogotá que el jueves pasado ordenó al presidente colombiano y al Fuerzas armadas Abstenerse de bombardear lugares donde haya evidencia de la presencia de menores víctimas de reclutamiento.
Ambas sentencias fueron anunciadas una semana después de la Instituto de Medicina Legal informó que tres menores habían muerto en un operativo militar contra un grupo de disidencias del FARC en zona rural del municipio de El Retorno, en Guaviare.
Él Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviarecapital del Guaviare, respondió a la acción de protección presentada por Roxemhberg Rozo Sánchez proteger los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado en el departamento.
El alcance de la decisión judicial
La medida provisional ordenó la Ministerio de Defensa, Ejército, Fuerza Aérea e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que, dentro de las 48 horas siguientes a esta sentencia, informen las medidas, protocolos y mecanismos que implementen o que reforzarán para identificar la presencia de niños en áreas que sean objeto de operaciones militares.
Asimismo, pidió ‘verificar la información de inteligencia relacionada con su eventual reclutamiento o uso; evaluar los riesgos para la población civil antes de realizar operaciones aéreas, y garantizar un enfoque diferencial y protección reforzada de la infancia en la planificación y ejecución de dichas operaciones’.
El 27 de agosto tres menores murieron en un atentado con bomba en la ejercito colombiano contra un grupo de disidentes del FARC en zona rural del municipio de El Retorno.
Él Instituto Nacional de Medicina Legal Confirmó que tres de los diez cadáveres recuperados tras ese operativo correspondían a menores: dos de ellos tenían 15 años y el otro, 16.
La respuesta del Gobierno
Él Gobierno Luego defendió la legalidad del operativo y señaló que los menores formaban parte del grupo armado, por lo que fueron considerados ‘objetivo legítimo’.
Este caso se sumó a la muerte de otro menor en un atentado perpetrado el 10 de agosto en la región del Catatumbo, en el noreste del país, que reabrió el debate sobre el uso de operaciones aéreas contra grupos armados que reclutan niños y adolescentes.
La polémica se produce en medio de un aumento de las operaciones militares ordenadas por el Gobierno de De la EspriellaEditar y las alertas sobre el uso de menores en el conflicto que, según el Defensoría del Puebloentre 2024 y el 31 de julio de 2026, tuvo conocimiento de 1.173 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia.
