El presidente del Partido Humanista Dominicano (PHD), Ramón Emilio Goris, expresó su apoyo a la reforma de la Policía Nacional impulsada por el Gobierno y propuso la creación de un Código de Ética y Moral para fortalecer la disciplina, la transparencia y la confianza ciudadana en esa institución, al tiempo que consideró que la conducta de algunos policías empaña los avances logrados por el Gobierno en materia de seguridad ciudadana.
Goris expresó su preocupación por los recurrentes escándalos que involucran a miembros de la Policía Nacional y las denuncias sobre actuaciones indebidas de algunos agentes durante su labor en diferentes puntos del país.
“Hay muchos policías buenos y profesionales que cumplen con su deber y honran el uniforme. Sin embargo, hay un grupo de agentes que salen a robar a ciudadanos dominicanos y haitianos con estatus migratorio irregular, afectando la imagen de toda la institución”, afirmó.
El dirigente político afirmó que el Partido Humanista Dominicano reconoce los esfuerzos realizados por el presidente Luis Abinader y la ministra del Interior y Policía, Faride Raful, para fortalecer la seguridad ciudadana a través de la reforma policial, aumentando los recursos destinados a la institución, mejorando salarios, equipamiento y otras exigencias para los agentes.
Sin embargo, sostuvo que estas inversiones no se reflejan plenamente en la conducta de algunos miembros de las fuerzas del orden, cuyas acciones, dijo, empañan los avances logrados por el Gobierno.
«Lamentablemente el trabajo que realiza el Gobierno en favor de la seguridad ciudadana se ve opacado por prácticas como el macuteo, abusos de autoridad y maltrato a la población, conductas que deben ser erradicadas definitivamente», afirmó.
Como parte de sus propuestas, Goris propuso el desarrollo e implementación de un Código de Ética y Moral para la Policía Nacional, acompañado de mecanismos permanentes de supervisión, evaluación y sanción, con el propósito de garantizar la íntegra conducta de los agentes y fortalecer la confianza de los ciudadanos en la institución encargada de preservar el orden público.
