En una acción sin precedentes para contribuir al avance de la modernización del Estado, la Fiscalía General de la República (PGR) solicitó a la Dirección General de Migración (DGM) que procede a mantener activos únicamente los impedimentos de salida del país y las alertas migratorias que cuenten con sustento judicial.
En este sentido, procedió a solicitar levantar cualquier alerta e impedimento de salida que incumple esa condición legal, medida que busca fortalecer el mantenimiento de las garantías de los derechos fundamentales de todas las personas.
Esta actualización del sistema migratorio se produce como resultado de más de seis meses de intenso trabajo de una mesa técnica conjunta del Ministerio Público y Inmigración, que ha procedido a analizar los datos desde 1990 para auditar minuciosamente tres décadas de datos acumulados sin una actualización de oficio.
El análisis permitió comprobar que, a lo largo de los años, miles de personas acumularon expedientes que carecían de sustento judicial y limitaban su derecho a la libre circulación, ya sea por procesos judiciales culminados hace mucho tiempo o por errores administrativos sin orden judicial de autoridad competente.
La disposición de la Procuraduría General de la República significa que hoy esa realidad cambia en beneficio del ciudadano.
Con este propósito, la Fiscal General, Yeni Berenice Reynoso, solicitó oficialmente al Director de Migración, Vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, que, independientemente de quién lo colocara, se priorice el levantamiento de: 1) Registros individualizados que carecieron de base legal, 2) Registros históricos no individualizados (acumulados entre 1990 y 2026) y 3) Registros individualizados, pero sus finalidades ya cumplidas.
En el último informe sobre este proceso, la Dirección General de Inmigración explicó que ha liberado de estas trabas a 56.140 ciudadanos y recuperado su derecho a viajar al extranjero sin ningún contratiempo.
La Procuraduría General de la República explicó, a través de un comunicado de prensa, que más que una actualización y modernización de la base de datos, se trata de un triunfo de los derechos fundamentales y una victoria de la Constitución.
Indicó que después de más de seis meses de riguroso trabajo auditoría, purificación y el análisis técnico, fue posible corregir una distorsión histórica que se acumuló a lo largo de los años, como lo demuestra la crítica cantidad de registros y alertas que debieron ser evaluados para determinar si incurrían en vulneración de un derecho fundamental de los ciudadanos.
Con esta iniciativa, la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Migración reafirman su papel como garantes de los derechos ciudadanos (Art. 169 de la Constitución) y refuerzan la protección de los derechos a la libertad personal y la libre circulación (Art. 40 y 46), en estricto apego a la Ley N° 200 de Impedimentos de Salida y la Ley Orgánica del Ministerio Público.
La mesa técnica interinstitucional continuará trabajando hasta la completa depuración de los datos y la implementación de un nuevo sistema de interoperabilidad para la colocación y remoción de impedimentos de salida, cuya entrada en vigor está prevista para diciembre de este año 2026.
