Las manifestaciones en Franciainiciado por demandas estudiantiles, extendido a reclamos relacionados con el costo de vida, el combustible y la calidad de los servicios públicos.
Así lo explicó Pascal Peñaespecialista en Derecho Internacional, quien indicó que las primeras movilizaciones estuvieron relacionadas con las deficiencias del sistema educativo, entre ellas la falta de docentes, el hacinamiento en las aulas y las condiciones de la infraestructura escolar. ““Todo eso llevó a lo que estamos viendo”. expresó al referirse a la evolución de las protestas.
El jurista sostuvo, durante una entrevista en Esto No Hace Nombre, que las manifestaciones adquirieron un mayor alcance al incorporar demandas económicas y sociales. “Ahora lo que era una denuncia por temas, insisto, de carácter estudiantil, ha pasado a ser una denuncia absoluta respecto de la grave crisis económica que se vive en Francia, el tema de la gasolina, los altos precios de la gasolina, la baja calidad de los servicios, entre otros”, afirmó.
Peña también advirtió sobre las posibles repercusiones políticas de la crisis, al considerar que sectores contrarios al Gobierno podrían aprovecharse del descontento ciudadano. «Por supuesto que será capitalizado por los oponentes de Macron», Señaló al ser consultado sobre el posible uso político de las movilizaciones.
El especialista destacó que las dificultades económicas no afectan exclusivamente a Francia, sino que forman parte de un escenario internacional más amplio. “Creo que nosotros, como país, América Latina, Europa, Estados Unidos, el mundo, estamos en un momento de crisis económica que no podemos negar”, dijo.
En relación a los hechos violentos registrados durante las protestas, Peña distinguió entre el derecho a manifestarse y acciones que pueden constituir delitos. “Protestar es correcto, protestar es un derecho fundamental, un derecho humano establecido en múltiples tratados internacionales firmados por Francia e incluso el República Dominicana«, indicó, aunque cuestionó el saqueo y destrucción de bienes públicos.
Finalmente, Peña explicó que los Estados pueden recurrir a mecanismos excepcionales ante situaciones graves de alteración del orden público, pero las restricciones deben cumplir con la normativa aplicable. Él debateSostuvo, consiste en responder al descontento social y preservar la seguridad sin violar los derechos fundamentales.
