El Ministerio Público lanzó este miércoles la Operación Camaleónuna investigación que ha sacudido las estructuras de poder con la detención de siete personas acusadas de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado que ha afectado gravemente al Estado.
Entre los delitos reportados se encuentran malversación, fraude, falsificación, contrabando, terrorismo y sabotaje de infraestructura crítica, utilizando tecnologías avanzadas para llevar a cabo sus actos ilícitos.
Entre los principales imputados se encuentran Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y José Ángel Gómez Canaán, conocido como «Jochy», presidente de Transcore Latam.
La orden de aprehensión detalla cada una de las presuntas participaciones de los detenidos y hoy presentamos los seis hechos más escandalosos del caso:
Hugo Beras, de víctima a cabeza de toda la trama
Horas antes de que su casa fuera allanada y arrestada, Hugo Beras había dicho en un programa de radio que era inocente y no tenía conocimiento de todo lo malo del contrato que se hizo entre INTRANT-Transcore Latam.
Sin embargo, en el documento emitido por el Ministerio Público «se le acusa de liderar el fraude y adjudicar contratos millonarios a empresas sin capacidad técnica para gestionar proyectos clave, como la red de semáforos y el sistema de videovigilancia en el Gran Santo Domingo». .
Robo de identidad por Jochy Gómez
El empresario José Ángel Gómez Canaán, mejor conocido como Jochy Gómez, quien es uno de los dueños de Transcore Latamla empresa investigada por Pepca, a solicitud de la Dirección de Contrataciones Públicas, que detectó indicios de delitos penales por presunta corrupción, falsificación de documentos y defectos en el proceso de contratación que le permitieron adjudicarse por más de RD$1,300 millones en 2023.
Sin embargo, el ente supervisor reveló que en mayo de 2022 adquirió el dominio TRANSCORE.COM.DO y usurpó la identidad del ciudadano alemán Jörg Brinkmeyer para crear de manera fraudulenta Transcore Latam SRL.
“Posteriormente, utilizando correos electrónicos falsos, solicitó a un abogado registrar la empresa en República Dominicana y en julio de 2022 registraron Transcore Latam SRL ante la Cámara de Comercio de Santo Domingo”, indica el documento.
Modificación de los requisitos para aprobar la licitación
Uno de los puntos más escandalosos de la investigación es que los requisitos de experiencia para la licitación se redujeron drásticamente en beneficio de Transcore Latam SRL
Inicialmente se requería una experiencia mínima de 15 años, pero se redujo a un solo año. Además, también se redujeron otros requisitos clave, como el número de controladores en todo el mundo y las intercepciones mínimas, lo que permitió a la empresa cumplir fácilmente los criterios.
El proceso de licitación mostró más signos de irregularidades cuando solo dos empresas presentaron ofertas: Transcore Latam SRL y el Consorcio Seguridad Sostenible.
Sin embargo, Edwin Yeara, representante de este último, tenía vínculos con Mario Alcalá, a su vez relacionado con Transcore Latam SRL, lo que generó sospechas de un conflicto de intereses.
durante el evidencia de concepto, Transcore no participó formalmente y el Consorcio no presentó los elementos requeridos, lo que sugiere una coordinación entre las partes para legitimar la adjudicación a Transcore.
Los beneficios a Jochi Gómez se remontan a 2017
Según la orden de aprehensión, la trama se remonta a 2017, cuando Gómez Canaán se adjudicó varios contratos por parte del Estado, entre ellos uno a la empresa Dekolor SRL, donde se desempeñaba como cogerente junto a Rogelio Ramón Oruña Aguilar. Dekolor ha sido uno de los principales beneficiados al recibir más de RD$ 4,655 millones por la emisión de licencias de conducir, cobrando RD$ 805.69 por cada una emitida.
Además, en el documento, el MP dice que en 2020 Gómez Canaán también fue favorecido con un contrato que ha sido calificado como ilegal.
Según el Ministerio Público, se trató de un “Acuerdo de Colaboración” entre el Ministerio de Defensa y su empresa AURIX SAS. Sin embargo, este contrato no está registrado oficialmente en los sistemas gubernamentales, lo que ha levantado sospechas sobre la transparencia del acuerdo.
Actos de sabotaje y terrorismo en la red de semáforos de Santo Domingo
El documento de orden de aprehensión señala que la empresa Transcore Latam SRL realizó instalaciones no autorizadas de reguladores de semáforos con tecnologías nuevas y desconocidas para el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).
El 27 de agosto, Jorge Luis Polanco, en representación del INTRANT, notificó a José Gómez Canaán que estas instalaciones no estaban permitidas. Esta comunicación provocó una reacción airada de Gómez Canaán, quien amenazó con suspender el mantenimiento de los semáforos, afectando el funcionamiento de los equipos.
Poco después del aviso de Gómez Canaán, 14 cruces semáforos fueron desactivados, lo que inicialmente se consideró fallas técnicas. Sin embargo, los técnicos del INTRANT notaron algo inusual, ya que el promedio de averías es de cinco o seis por día. El número de intersecciones afectadas creció rápidamente, llegando a 44 el 29 de agosto, lo que generó sospechas de sabotaje intencional por parte de Gómez Canaán y sus asociados.
Ante esta crisis que provocó caos en las calles del Gran Santo Domingo y amenazó la seguridad nacional, el INTRANT organizó un equipo técnico acompañado de personal militar. Se confirmó que el sabotaje fue dirigido por José Ángel Gómez Canaán, Carlos Peguero y Pedro Padovani, quienes desactivaron intencionalmente los semáforos, agudizando los problemas de tránsito en la ciudad.
Acuerdo ilegal entre MIDE y AURIX
El imputado José Ángel Gómez Canaán fue legitimado en sus prácticas de control e injerencia en actividades de seguridad nacional mediante un acuerdo de cooperación firmado el 23 de junio de 2020 entre el Ministerio de Defensa de la República Dominicana (MIDE) y su empresa Aurix SAS El Acuerdo, con vigencia para 12 meses, permitió a Aurix recopilar y analizar datos utilizando inteligencia artificial y técnicas de evaluación de código abierto. Aurix se comprometió a cooperar con el MIDE en la detección de amenazas y riesgos mediante el uso de software especializado y se le otorgó el derecho de utilizar el logo del ministerio en sus instalaciones.
Por su parte, el Ministerio de Defensa se comprometió a facilitar los permisos y licencias necesarios para las operaciones de Aurix, además de brindar asistencia tecnológica y garantizar la seguridad del personal y las instalaciones ante posibles amenazas. Sin embargo, en informe fechado el 21 de marzo de 2024, el Ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, indicó que no existían registros oficiales que sustentaran dicho acuerdo, ni en el Ejército, ni en la Armada, ni en la Fuerza Aérea. , lo que revela que la firma del acuerdo fue un acto oculto y no reconocido institucionalmente.
Este acuerdo violó tanto la Constitución como la Ley no. 139-13, ya que otorgó poderes reservados a los organismos de inteligencia y seguridad a una empresa privada. Esto permitió a José Ángel Gómez Canaán acceder y abusar de información clasificada, lo que facilitó prácticas ilegales como manipulación, amenazas y extorsiones, poniendo en riesgo la seguridad nacional del país, según establece el documento.
