Entre abandono institucional y privilegios selectivos, los jueces dominicanos denuncian un sistema que ya no es justo ni siquiera para quienes lo apoyan.
Hoy en República Dominicana existen tribunales de paz donde los jueces deben hacer sus necesidades en letrinas… así de fuerte es el desequilibrio en la justicia dominicana. Y no, esto no es una exageración retórica para llamar la atención. Es una realidad incómoda, dolorosa y profundamente reveladora del estado crítico de uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia: su sistema judicial.
La protesta del jueces expone una verdad incómoda: dentro de un mismo sistema coexisten el deterioro absoluto y el confort institucional.
Quienes hoy alzan la voz no son actores políticos ni sectores tradicionales de presión: son los encargados de impartir justicia, de garantizar derechos, de mantener el equilibrio institucional del país. Si gritan es porque no pueden más.
Los jueces de la República Dominicana. No están en las calles por capricho. Exigen el mínimo necesario para desempeñar dignamente sus funciones. Denuncian, entre otras cosas, la alarmante falta de personal de apoyo, administrativo y de seguridad, que los obliga a asumir tareas que no les corresponden y que terminan por distraerlos de su verdadera misión: juzgar.
Pero la crisis va más allá. La escasez de jueces es tan grave que en seis años sólo se han nombrado ocho nuevos jueces de paz. Ocho. En un sistema que claramente no puede dar abasto. Esta falta de recursos humanos ha generado una excesiva carga de trabajo que no solo impacta la calidad de las decisiones judiciales, sino que también está deteriorando la salud física y mental de quienes integran el sistema.
A esto se suma un Escandalosa desigualdad en el sistema de pensiones. Mientras algunos jueces reciben apenas 8.000 pesos, otros llegan a cifras cercanas a los 700.000. Una disparidad que no resiste ningún análisis serio y que demuestra la ausencia de criterios justos y coherentes dentro del propio sistema. Y aunque entidades como la Asociación Nacional de Jueces y Empleados Jubilados y Pensionados de la Magistratura (ANJEJUP) llevan años luchando por los más desfavorecidos, los jubilados que durante tantos años administraron justicia siguen muriendo sin que les devuelvan el favor.
Por si fuera poco, hace años que no hay indexación salarial ni reajuste de pensiones. Los jueces llevan cuatro años sin movimientos ni ascensos, con carreras congeladas y méritos ignorados. Se ha priorizado el gasto en ordenadores y materiales, mientras que el capital humano, verdadero motor de la justicia, queda relegado a un segundo plano.
Y luego volvemos al punto de partida: infraestructuras deterioradas, techos que se derrumban, bloques que caen, vidas en riesgo y letrinas en el siglo XXI. ¿Cómo se puede exigir justicia en condiciones tan indignas? ¿Cómo hablar de institucionalidad cuando quienes deben garantizarla trabajan en escenarios propios del abandono?
Todo esto tiene un claro responsable. Aunque el sistema judicial dominicano lleva años colapsando, la gestión de Luis Henry Molina, que incluso planea permanecer por un período más, ha terminado por agravar una situación que ya era alarmante. No se trata de una crítica a la ligera, sino de una evaluación basada en hechos que hoy han llevado a los jueces al límite.
No se puede exigir justicia con un sistema injusto. No se puede hablar de Estado de derecho cuando se ignora a quienes lo apoyan. La justicia dominicana no puede seguir sobreviviendo en condiciones precarias: debe comenzar, de una vez por todas, a funcionar como debe. Porque cuando falla la justicia, falla todo.
