Con el objetivo de rendir cuentas a la ciudadanía y servir de guía para la transición de las nuevas autoridades que asumirán el liderazgo del sistema de justicia en los próximos días, el Consejo de la Judicatura (CPJ) publicó los informes de gestión correspondientes al periodo 2019-2026.
La documentación, aprobada mediante acta, incluye un balance detallado del trabajo realizado por las distintas direcciones y departamentos del órgano judicial, ofreciendo una radiografía de los avances alcanzados en materia de digitalización. reducción de atrasos y acceso a la justiciaasí como los desafíos que heredará la nueva gestión.
LOGROS E HITOS
En materia de modernización tecnológica y celeridad procesal, la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia (SCJ) destacó importantes avances mediante la incorporación del trabajo en la nube, la firma electrónica, el depósito virtual y la interoperabilidad con el Tribunal Constitucional (TC).
Estas innovaciones, según la institución, permitieron reducir los tiempos de procesamiento a un promedio de 27 días. En paralelo, la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones culminó la implementación del Sistema de Gestión de Casos (SGC) en todos los juzgados del país, consolidando un ecosistema de justicia digital integrado y orientado a las personas.
Por su parte, el Registro de Bienes Raíces reportó mejoras sustanciales en sus indicadores operativos al reducir el tiempo promedio de respuesta nacional de 26 a menos de 10 días, al tiempo que logró reducir la acumulación de registro de aproximadamente 28.000 a 11.600 archivosapoyado en la virtualización de servicios y el fortalecimiento de sus procesos tecnológicos.
En el área jurídica e institucional, la Dirección Jurídica registró un 85.3% de resultados favorables en procesos judiciales, correspondientes a 425 sentencias a favor de la institución, manteniendo 87 casos pendientes de resolución al momento del informe, además de emitir 805 opiniones jurídicas, revisar 752 contratos y gestionar 75 convenios.
En cuanto a capacidad operativa e infraestructura, el informe señala que el Poder Judicial ingresa a la nueva administración con una red conformada por 239 sedes a nivel nacional, de las cuales 213 corresponden a espacios jurisdiccionales y 26 a instalaciones administrativas y de servicios.
Asimismo, la Dirección de Justicia Inclusiva destacó la consolidación de los Centros de Entrevista y Mediación Judicial, así como la integración de la perspectiva de género y políticas encaminadas a garantizar la igualdad y el trato digno a los usuarios del sistema.
El fortalecimiento académico y estratégico estuvo marcado por la evolución de la Escuela Nacional de la Magistratura (ENJ) hacia una institución de educación superior con oferta presencial, virtual e híbrida, mientras que la Dirección General de Administración y Carrera Judicial acompañó la ejecución de los planes estratégicos Visión Justicia 20/24 y Justicia del Futuro 20/34.
A esto se suma el impacto de la Dirección General Técnica con la organización de las Conferencias del Poder Judicial en 2024 y 2026, espacios que proyectaron las prioridades del sistema a nivel nacional e internacional.
También se destacan los avances en la formulación presupuestaria, el control financiero y la labor disciplinaria de la Procuraduría General de la República, que optimizó la gestión de denuncias y fijó plazos máximos de investigación.
