La Central Nacional de Comerciantes Unidos (CNDU) hizo un llamado urgente a la Cámara de Diputados para que apruebe este lunes, en primera y segunda lectura, el proyecto de modificación del Ley 9825 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidosconsiderando que la iniciativa es clave para garantizar la seguridad jurídica y la continuidad de su aplicación.
El presidente del CNDU, ricardo rosarioExpresó que la aprobación de la pieza legislativa permitirá al Poder Ejecutivo promulgarla de inmediato, teniendo en cuenta que el plazo establecido para el inicio de los pagos contemplados en la legislación vence el próximo 30 de junio.
“Solicitamos a la Cámara de Diputados actuar con responsabilidad y aprobar sin más demora esta modificación.s. Una vez que se convierta en ley, solicitamos al Presidente de la República su inmediata promulgación para evitar incertidumbre en su aplicación”, dijo Rosario.
Asimismo, el dirigente minorista propuso que, una vez sancionada la ley, el Gobierno otorgue un plazo de diez días para que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) pueda implementar el proceso de recaudación correspondiente.
Comerciantes piden a diputados aprobar hoy la modificación de la Ley de Residuos Sólidos
La solicitud fue dirigida al Presidente de la República, a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, así como al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y demás autoridades vinculadas a la aplicación de la legislación.
Rosario también valoró el apoyo que recibió la iniciativa en el Senado de la República, donde fue aprobada por una amplia mayoría de legisladores, y expresó su confianza en que la Cámara de Diputados actuará en la misma dirección.
“Apoyamos la iniciativa aprobada por el Senado y esperamos que los diputados antepongan el interés nacional a cualquier otro interés particular”, dijo.
La Central Nacional de Comerciantes Unidos reiteró que la actualización de la Ley de Residuos Sólidos constituye un paso importante para fortalecer la gestión ambiental del país y brindar certeza a los sectores productivos sobre la implementación de sus disposiciones.
