el presidente colombiano Gustavo Petro ha sido designado como «objetivo prioritario» por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) mientras los fiscales federales de Nueva York investigan sus presuntos vínculos con narcotraficantes, según personas familiarizadas con el asunto y documentos revisados por The Associated Press.
Los registros de la DEA muestran que Petro ha aparecido en múltiples investigaciones desde 2022, muchos de ellos basados en entrevistas con informantes confidenciales. Los presuntos crímenes investigados por la DEA incluyen sus posibles vínculos con el cártel de Sinaloa de México y un plan para utilizar su programa de «paz total» para beneficiar a destacados narcotraficantes que contribuyeron a su campaña presidencial. Los registros también sugieren el uso de fuerzas del orden para contrabandear cocaína y fentanilo a través de puertos colombianos.
La designación de «objetivo prioritario» está reservada para sospechosos que la DEA cree que tienen un “impacto significativo” en el narcotráfico. Se desconoce cuándo la DEA otorgó esta designación a Petro.
Petro negó cualquier vínculo con narcotraficantes y sostuvo que nunca aceptó sus fondos durante su campaña. En un artículo publicado el viernes
La Embajada de Colombia en Washington restó importancia a lo que llamó informes anónimos y «no verificados» sobre investigaciones preliminares policiales contra Petro.
«Las insinuaciones difundidas no tienen ningún fundamento jurídico o fáctico», declaró la embajada en un comunicado.
la investigacion
En los últimos meses, fiscales de Brooklyn y Manhattan han estado interrogando a narcotraficantes sobre sus vínculos con Petro y, específicamente, sobre acusaciones de que representantes del presidente colombiano solicitaron sobornos para bloquear su extradición a Estados Unidos, según una de las personas que no estaba autorizada a hablar sobre la investigación en curso y que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.
La persona dijo que no estaba claro si los fiscales federales habían implicado a Petro en algún delito.
La investigación se centra, al menos en parte, en acusaciones de que representantes de Petro solicitaron sobornos a narcotraficantes en la prisión La Picota de Colombia a cambio de la promesa de que no serían extraditados a Estados Unidos, según una de las fuentes.
Petro ha negado sistemáticamente las acusaciones de tráfico de drogas, particularmente después de que Trump lo llamara «líder del tráfico ilegal de drogas» y el Departamento del Tesoro lo sancionara a finales de 2025 por presuntos vínculos con el tráfico de drogas sin aportar pruebas.
Los fiscales federales estadounidenses declinaron hacer comentarios. La DEA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
El New York Times informó sobre la investigación federal el viernes temprano.
Las investigaciones sobre Petro están en sus primeras etapas y no está claro si conducirán a cargos, según otra persona familiarizada con el asunto, quien agregó que la Casa Blanca no ha tenido ningún papel en las investigaciones.
Los registros de la DEA revisados por AP se basan en parte en información confidencial que apunta a la posible vinculación de Petro con varios grupos criminales que han dominado el narcotráfico en Sudamérica durante años. Estos incluyen el Cartel de Sinaloa de México y el Cartel de los Soles, término utilizado para describir una red informal de oficiales militares corruptos de alto rango en la vecina Venezuela.
Los registros también citan una entrevista de 2024 con una fuente anónima que afirmó que Petro está utilizando a exasesores de campaña y funcionarios de la petrolera estatal Ecopetrol para lavar fondos presidenciales en países extranjeros para usarlos después de que termine su mandato presidencial.
El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, negó rotundamente las acusaciones en una declaración a la AP, diciendo que «carecían de realidad o lógica».
Miembros de la familia bajo escrutinio
Petro, un ex líder rebelde, llegó al poder prometiendo reducir la dependencia del país de los combustibles fósiles y reasignar recursos estatales para abordar la pobreza arraigada.
Político de izquierda conocido por sus discursos largos y a veces incoherentes, ha criticado con frecuencia a la administración Trump por su apoyo a Israel, el bombardeo de barcos narcotraficantes en el Caribe y ha comparado la represión migratoria de la Casa Blanca con tácticas «nazis».
Después de uno de esos estallidos, durante una manifestación pro-palestina frente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Trump tomó represalias revocando la visa estadounidense de Petro. También impuso brevemente altos aranceles a Colombia por la negativa de Petro a aceptar vuelos de deportación desde Estados Unidos.
Pero más recientemente, los dos han mostrado signos de llevarse bien. Después de una reunión en la Casa Blanca en febrero, Trump describió a Petro como «magnífico».
Las autoridades colombianas llevan años investigando a miembros de la familia de Petro por posibles actos delictivos.
Su hijo, Nicolás Petro, fue acusado en 2023 de solicitar contribuciones ilegales de campaña a un narcotraficante convicto para financiar un estilo de vida lujoso con automóviles y casas caras. El joven Petro se declaró inocente y su padre afirmó que ninguno de los fondos se utilizó para su campaña.
El hermano del presidente, Juan Fernando Petro, también ha sido implicado en negociaciones secretas que supuestamente tuvieron lugar con narcotraficantes encarcelados para protegerlos de la extradición a Estados Unidos a cambio de su desarme.
Política y cocaína
La política colombiana ha estado marcada durante mucho tiempo por la cocaína, de la que es el mayor proveedor del mundo. En la década de 1980, el narcotraficante Pablo Escobar fue elegido para el Congreso con el apoyo de uno de los partidos más tradicionales de Colombia. Una década después, rivales del cartel de Cali inundaron la campaña presidencial de Ernesto Samper con donaciones ilegales.
Se sospecha desde hace tiempo que el Movimiento 19 de Abril, un grupo guerrillero urbano al que pertenecía Petro y que ahora está desaparecido, recibió dinero de los cárteles de Medellín de Escobar como parte del sangriento asedio a la Corte Suprema en 1985. Petro no participó en el ataque, que dejó varios guerrilleros y aproximadamente la mitad de los jueces de la Corte Suprema muertos. Los líderes del grupo siempre han negado cualquier vínculo con el cartel.
