Susana Reina/Latinoamérica21
El momento actual del feminismo en América Latina y en gran parte del mundo se caracteriza por una tensión cada vez más evidente entre avances normativos que reconocen derechos y un clima político que dificulta su implementación real. Esto refleja una especie de desajuste entre lo que está escrito en las leyes y lo que realmente sucede en la vida cotidiana de las mujeres.
En los últimos años se han logrado avances jurídicos que, en otro contexto, podrían leerse como signos inequívocos de consolidación del movimiento feminista, como la intención recientemente anunciada del Estado mexicano de uniformar el delito de feminicidio en todo el país con criterios claros y sanciones más severas. Esta es, sin duda, una iniciativa que busca cerrar vacíos históricos en la interpretación judicial de la violencia contra las mujeres y que refleja la presión sostenida de las organizaciones feministas para que el sistema legal reconozca la especificidad de estos delitos. En Colombia, la aprobación de la Ley 2447 de 2025, que prohíbe absolutamente el matrimonio infantil y las uniones tempranas, representa un avance significativo en la protección de los derechos de niñas y adolescentes, al eliminar una excepción legal que, durante más de un siglo, permitía estas prácticas con autorización familiar, elevando definitivamente la edad mínima para contraer matrimonio a 18 años. Esta ley cierra una puerta histórica a la normalización de relaciones profundamente desiguales, un logro que fue posible después de múltiples intentos fallidos en el Congreso y gracias a la presión sostenida de organizaciones feministas, la sociedad civil y líderes políticos comprometidos. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó el 31 de marzo de 2026 una ley que amplía progresivamente el permiso de paternidad de 5 a 20 días hasta 2029. La medida incluye la creación del «salario de paternidad», financiado por la seguridad social para garantizar el salario completo y promover la corresponsabilidad en los cuidados. Otro ejemplo es Panamá, donde el avance hacia la consolidación de un Sistema Nacional de Cuidados como política pública está marcando un hito en la forma en que el Estado reconoce y redistribuye el trabajo de cuidados, históricamente invisibilizado y feminizado, al asumirlo como una responsabilidad colectiva y no como una carga individual de las mujeres. Es una transformación que no sólo amplía los derechos en el papel, sino que también redefine las bases sobre las cuales se organiza la vida social y económica, y que es parte de una conversación regional más amplia que busca colocar el cuidado en el centro del desarrollo.
Todos estos avances son parte de una tendencia más amplia en la que los Estados, al menos a nivel formal, incorporan marcos legales más sólidos para abordar la desigualdad de género. Sin embargo, estos logros coexisten con un contexto político en la Región que parece avanzar en
la dirección contraria, marcada por el fortalecimiento de los discursos conservadores, la deslegitimación de las agendas de igualdad y el cuestionamiento abierto de las políticas públicas feministas, lo que genera un terreno hostil para que estos avances se traduzcan en transformaciones concretas.
Igualdad sustantiva versus igualdad formal En América Latina, las recientes movilizaciones del 8 de marzo estuvieron atravesadas por consignas que reflejan esta preocupación, con miles de mujeres denunciando no sólo la persistencia de la violencia, sino también el retroceso en las garantías institucionales y la falta de voluntad política para sostener lo logrado.
Esta contradicción revela una verdad incómoda que atraviesa el presente feminista: el reconocimiento legal de los derechos no asegura por sí solo su validez, especialmente cuando el entorno político y cultural no acompaña este reconocimiento. A escala global, la magnitud de la brecha es imposible de ignorar cuando se observa que las mujeres tienen solo el 64% de los derechos legales reconocidos a los hombres, cifra que no sólo revela la persistencia de desigualdades estructurales, sino que también cuestiona la narrativa de progreso sostenido que muchas veces acompaña a los avances regulatorios, ya que incluso en aquellos contextos donde se celebran nuevas leyes o reformas, la base sobre la que se construyen estos logros sigue siendo profundamente desigual.
Esto nos obliga a mirar más allá del entusiasmo institucional y reconocer que el problema no se limita a la ausencia de marcos legales en ciertos países, sino que atraviesa el sistema global en su conjunto, mostrando que la igualdad jurídica plena sigue siendo una promesa lejana y que cualquier avance debe leerse siempre en relación con esa deuda estructural que sigue marcando la experiencia de millones de mujeres en el mundo.
Lo que está en juego entonces no es sólo la aprobación de nuevas regulaciones, sino la posibilidad de sostenerlas en contextos donde crece la resistencia, donde los actores políticos construyen capital cuestionando la agenda de género y donde se restablecen narrativas que buscan devolver a las mujeres a posiciones subordinadas bajo la apariencia de tradición, orden o estabilidad.
En este escenario, el feminismo enfrenta un desafío complejo que pasa por defender lo logrado y al mismo tiempo seguir impulsando cambios estructurales, tarea que requiere una incidencia pública basada en demostrar la capacidad de movilización social.
La tensión entre avance legal y retroceso político también resalta los límites de una estrategia centrada exclusivamente en las instituciones, ya que, si bien las leyes son herramientas fundamentales, su efectividad depende de condiciones más amplias que incluyen sistemas judiciales sensibles al género, políticas públicas sostenidas y, sobre todo, un entorno social que no tolere la violencia ni la discriminación. Cuando estos elementos fallan, las leyes
Corren el riesgo de convertirse en declaraciones simbólicas que coexisten con prácticas que las contradicen.
lectura optimista
En este contexto, el feminismo contemporáneo se encuentra en una etapa que podría calificarse de consolidación conflictiva, en la que sus logros son tan innegables como la reacción que han generado. Lejos de interpretarse como un signo de debilidad, esta reacción puede leerse como una evidencia de la capacidad transformadora del movimiento, ya que los avances que no causan malestar difícilmente alteran las estructuras de poder.
La resistencia que hoy se observa en distintos países se da como respuesta a décadas de organización, denuncia y propuestas que han logrado instalar la igualdad de género como un tema ineludible en la agenda pública.
Pensar este momento desde esta clave nos permite salir de una narrativa de regresión lineal y reconocer la complejidad de un proceso disputado, donde cada conquista abre nuevas tensiones y donde el camino hacia la igualdad dista mucho de ser un recorrido ordenado o irreversible.
El desafío, entonces, no es sólo seguir ampliando los derechos en el papel, sino construir las condiciones políticas, culturales e institucionales que permitan que estos derechos se materialicen en las vidas de hombres y mujeres, incluso en escenarios adversos donde el poder intenta retirar lo que ya parecía ganado.
