Milton Castillo e Irene Torres/Latinoamérica21
Desde México hasta Argentina, pasando por Centroamérica y Brasil, el tráfico de vida silvestre ha dejado de ser un delito marginal para convertirse en un mecanismo más del crimen organizado transnacional, estrechamente vinculado al narcotráfico y otras economías ilegales. Entre 2017 y 2022, la región sufrió 1.945 casos documentados de captura y caza ilegal de especies silvestres, con un grave impacto en la biodiversidad y el bienestar animal.
Redes que operan simultáneamente en Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia se encargan de cazar jaguares y pumas para alimentar el mercado de colmillos y pieles, y capturar ranas y tortugas vivas. La empresa Caza & Safari, por ejemplo, es investigada como posible centro de uno de los mayores esquemas de tráfico de vida silvestre, ofreciendo abiertamente cacerías de especies protegidas en Argentina y Bolivia y, de esta manera, normalizando la violencia contra la vida silvestre.
Informes recientes sobre delitos ambientales en la Amazonía ecuatoriana confirman que la caza y el comercio ilegal de vida silvestre están entrelazados con actividades extractivas y redes criminales, poniendo en jaque los medios de vida de los pueblos indígenas y las comunidades locales. En el archipiélago de Galápagos, uno de los santuarios marinos más importantes del planeta, la situación es crítica: en 2021, las exportaciones de aletas de tiburón protegidas a los mercados asiáticos se triplicaron hasta alcanzar las 223 toneladas.
El comercio ilegal de vida silvestre destruye ecosistemas, afectando especialmente a especies endémicas, es decir, aquellas que sólo existen en áreas específicas. En las zonas marinas persiste impulsado por vacíos legales que permiten que las capturas incidentales sirvan de coartada para blanquear capturas de especies protegidas. Los tiburones sedosos, los zorros patudo y otros tiburones pelágicos están protegidos sólo dentro de los límites de reservas marinas como las Galápagos, pero cuando cruzan la frontera hacia la Zona Económica Exclusiva y el corredor de la cordillera Carnegie, su supervivencia se reduce drásticamente.
Proteger la nacionalidad de las especies.
Al aprovechar rutas establecidas, infraestructura y redes de corrupción, el tráfico ilegal ha alcanzado una escala de delincuencia industrial en lugares como el Pacífico Sur, lo que requiere respuestas legales innovadoras. El Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina en Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ), recientemente ratificado por 83 países, ofrece una gran oportunidad para crear una alianza para proteger la biodiversidad en aguas internacionales. Sus herramientas, como la creación de áreas marinas protegidas y la obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental,
Nos permiten proteger a las especies migratorias y vulnerables y así combatir la explotación ilegal y el tráfico de recursos del patrimonio común del planeta.
Ecuador ha demostrado que es posible activar mecanismos criminales para proteger la fauna, como cuando capturó al barco chino Fu Yuan Yu Leng dentro de la Reserva Marina de Galápagos con especies protegidas en sus bodegas. Esta iniciativa de la Defensoría del Pueblo de Galápagos y Naturaleza abrió la posibilidad de inspeccionar las bodegas de barcos que deambulan en la Zona Económica Exclusiva por parte de países sudamericanos con acceso al Océano Pacífico. Esto revela que, si hay voluntad política, es posible que los estados cumplan con su obligación de proteger eficazmente a las especies.
El reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos en la Constitución ecuatoriana ofrece una base jurídica innovadora que, sumada a la BBNJ, potencia decisivamente la protección de la vida silvestre en coordinación con instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) y el Acuerdo de Nueva York sobre poblaciones de peces transzonales y altamente migratorios.
De hecho, el Acuerdo de Nueva York refuerza la cooperación y la inspección entre Estados en relación con las poblaciones de peces transzonales y altamente migratorios, ampliando las posibilidades de control más allá de las fronteras estrictamente nacionales. Sin embargo, más que un problema de falta de herramientas jurídicas, persisten límites políticos y económicos que dificultan que el Estado ejerza plenamente estas prerrogativas.
El concepto de nacionalidad ecológica.
De la mano de diferentes herramientas internacionales, comienza a gestarse la idea de una nacionalidad ecológica: el reconocimiento de que las especies endémicas, transzonales o migratorias pueden ser objeto de una protección reforzada por parte del Estado que ha asumido legalmente su conservación. Esta posición permite acciones diplomáticas, penales y de cooperación internacional más fuertes contra la trata o la depredación, incluso cuando los hechos ocurren fuera del territorio nacional.
Defender a los jaguares, tortugas y tiburones como nacionales del país que los protege implica repensar la soberanía, no sólo como control del territorio, sino también como la capacidad real de proteger la vida natural. Si las redes criminales operan a escala global, la respuesta no puede limitarse a las fronteras; Se necesita un derecho internacional de la naturaleza, en el punto álgido de esta amenaza, que reivindique la universalidad de estos derechos.
