SANTO DOMINGO (República Dominicana).- A solicitud del Ministerio Público, el Juzgado Cuarto de Instrucción del Distrito Nacional deenviado a juicio del ex Ministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz y del abogado Ángel Lockward y sus empresas, así como de otras 33 personas acusadas de defraudan al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones de pesos a través de una estructura de corrupción administrativa investigada con la Operación Calamar.
El vicefiscal general Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Fiscalía del Ministerio Público, destacó como un triunfo en la lucha contra la corrupción y la impunidad que 35 personas de 40 hayan sido enviadas a juicio. Sin embargo, consideró que los 40 imputados deben acudir a juicio para responder por los delitos que se les imputan.
En ese sentido, anunció que el Ministerio Público apelará las sentencias de no lugar emitida por el tribunal en el caso de José Ramón Peraltaex ministro administrativo de la Presidencia, y Gonzalo Castillo Terreroex Ministro de Obras Públicas, y otros 3 imputados.
Entre los enviados a juicio también se encuentran: Princesa Alexandra García Medina, Luis Miguel Piccirilo, Yahaira Brito Evangelista, Edwin Oscar Brito, Mabel Mejía, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Cabrera y Agustín Mejía Ávila. Además, César Santana, Omar Miqui Arias, Claudio Silver Peña, Alejandro Constanzo Sosa, Juan Tomás Polanco Céspedes y Julián Omar Fernández Figueroa.
“En primer lugar, la decisión emitida hoy por el tribunal se refiere a 40 personas imputadas, entre personas naturales y jurídicas; 35 de ellos han sido enviados a juicio, incluido el caso de Ángel, Donald Guerrero, quien es el eje operativo de esta estructura criminal”, dijo Camacho a los periodistas de la fuente judicial que se acercó a él luego de que la jueza Altagracia Ramírez emitiera el fallo.
La jueza Altagracia Ramírez rechazó las solicitudes de las defensas de declarar nulo el expediente y poner fin a la acción penal.
“El tribunal giró unas órdenes de no abrir juicio a cinco personas, y, desde ya, les podemos decir que el Ministerio Público va a apelar esa decisión”, dijo.
“Y vamos a apelarlo porque con solo leer la decisión en el tribunal se hace evidente que el tribunal apreció mal varias pruebas”, subrayó.
En ese sentido, dijo que el tribunal aceptó los testimonios de Ramón Emilio Jiménez (Mimilo), Fernando Crisóstomo y José Antonio Ureña. «Estos mismos testimonios, en voz alta desde el tribunal, y están registrados en la audiencia; el tribunal ni siquiera se refirió a ellos cuando dictó estas órdenes de no lugar; por lo tanto, no valoró correctamente esta prueba».
“El tribunal incluso falló en contra de uno de los imputados quien, en un documento aportado por el Ministerio Público al tribunal, escribió de su puño y letra su nombre para seis personas, entre ellas algunas de ellas que ya habían fallecido”, dijo.
“Es evidente que el tribunal entra en contradicción, inobservancia y valoración errónea de la prueba en relación con estas órdenes inválidas que otorgó y por eso el Ministerio Público las va a apelar”, enfatizó.
«Creo que es necesario repetir que estos hechos ocurrieron en el Ministerio de Hacienda. Y el Ministro de Hacienda en ese momento es enviado a juicio en este proceso junto con otras 34 personas», dijo el director general de Persecución.
Asimismo, agregó “eso deja al Ministerio Público con un caso en el que ofreció pruebas suficientes para que sean enviados a juicio y sean enviados a juicio”.
La decisión que envía a juicio a 35 imputados se adoptó cuando el tribunal estableció que el Ministerio Público incorporó elementos de prueba suficientes que comprometen la responsabilidad penal de los imputados en actos de corrupción administrativa en la red criminal desarticulada con la Operación Calamar.
El equipo que representó al Ministerio Público en el litigio estuvo encabezado por el Fiscal General Adjunto Wilson Camacho junto a los Fiscales Generales Rosa Alba García, Melbin Romero, Jhensy Víctor, Miguel Crucey, Arolin Lemos, Elvira Rodríguez y Rosa Ysabel Mejía.
El expediente había estado en estado de fallo el 27 de marzo de 2026. Ese día se cerraron los debates y se convocó a todos los partidos para el viernes a las 3:00 de la tarde, para escuchar la decisión. La audiencia comenzó pasadas las 19.30 horas del viernes y concluyó pasadas las 23.00 horas.
El tribunal entregó el fallo en formato digital a cada una de las partes. Debido a la hora avanzada, el juez Ramírez dio una lectura sucinta de los puntos más importantes.
El proceso penal
En el proceso, el Ministerio Público solicitó al tribunal que todos los imputados sean enviados a juicio por defraudar al Estado dominicano en más de RD$19 mil millones de pesos a los contribuyentes.
Los imputados, quienes fueron detenidos por el Ministerio Público con el lanzamiento de la Operación Calamar, formaban parte de una estructura que desvió la señalada suma millonaria mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.
La estructura también robó dinero de los pagos de deudas a los ministerios, implementó un plan de sobornos en juegos de azar, que debe ser regulado por el Ministerio de Finanzas en estricta conformidad con el marco legal.
En este caso, el Ministerio Público presentó cargos contra particulares y varias empresas. El grupo es procesado por asociación criminal, malversación de fondos, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiación de campañas ilícitas a una escala sin precedentes, y lavado de dinero.
En el proceso, el Ministerio Público demostró la acusación con más de 1.278 pruebas.
La Operación Calamar fue lanzada el 18 de marzo de 2023, con la ejecución de 40 allanamientos en el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, en los que participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.
