Después de más de dos décadas desde la promulgación de la Ley General de Electricidad N° 125-01Cabe hacernos una pregunta incómoda: ¿por qué seguimos enfrentando problemas que el diseño original del mercado eléctrico buscaba precisamente resolver?
la respuesta no es simple. El problema del sector eléctrico dominicano no puede explicarse únicamente por el accionar de sus empresas ni resolverse exclusivamente con más generación. La República Dominicana necesita electricidad confiable, pero también necesita que el sistema que la produce, transporta, distribuye y comercializa sea financieramente sostenible.
La electricidad tiene un costo. Generarlo requiere de combustibles o fuentes primarias de energía, infraestructura, tecnología, operación y mantenimiento, luego debe ser transportado y distribuido a los usuarios finales. Cada etapa requiere inversiones y recursos. Pretender que toda esta cadena funcione de manera eficiente sin una adecuada recuperación de costos es simplemente inviable.
Esto no significa que el usuario deba asumir ningún coste ni que las empresas queden exentas de responsabilidad. Significa que un servicio sostenible no puede existir si el sistema económico que lo sustenta tampoco lo es.
Uno de los principales retos sigue siendo reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, mejorar la medición, combatir la morosidad y fortalecer la gestión comercial de los distribuidores. La eficiencia del sistema no depende sólo de cuánto se genera, sino también de cuánta de esa energía se convierte efectivamente en ingresos que permitan mantener y mejorar la infraestructura.
Durante años, el debate sobre la energía se ha reducido a menudo a la pregunta: ¿por qué la electricidad es tan cara? Sin embargo, deberíamos plantearnos otra pregunta con la misma intensidad: ¿Cuánto le cuesta al país no tener un servicio eléctrico sustentable? Porque el subsidio también tiene un precio.
Un subsidio puede ser una herramienta legítima de política social cuando está enfocado y responde a objetivos específicos. El problema aparece cuando se convierte en un mecanismo permanente para cubrir deficiencias estructurales. En ese escenario, el costo no desaparece, sino que se transfiere al presupuesto público y, en última instancia, a los contribuyentes.
Por tanto, hablar de sostenibilidad no debe interpretarse como una defensa automática de las subidas de tipos. La discusión debería ser sobre cuánto cuesta producir energía, cuánto cuesta distribuirla, cuánto se pierde en el proceso, quién paga, quién subsidia y qué resultados obtenemos a cambio de los recursos invertidos.
Las decisiones que el sistema necesita.
Sería injusto atribuir toda la responsabilidad a los distribuidores o a los usuarios. El Estado tiene un papel determinante en establecer reglas claras, regular y supervisar, proteger al usuario y crear condiciones para las inversiones que el sistema necesita. Pero también debe proporcionar las condiciones para tomar decisiones que respondan a necesidades de largo plazo.
Esto significa reconocer que algunas decisiones pueden generar resistencias o requerir ajustes importantes en el corto plazo.
Energías renovablesuna oportunidad que requiere planificación.
El crecimiento de las energías renovables ha transformado el escenario energético dominicano. La expansión de la generación solar y eólica nos permite diversificar la matriz, reducir la dependencia de ciertos combustibles y avanzar hacia una generación más limpia, pero tampoco debemos caer en simplificaciones.
El Ley N° 57-07 Representó un paso importante para promover las fuentes renovables. Sin embargo, debemos considerar cómo incorporamos más energías renovables sin comprometer la estabilidad, confiabilidad y sostenibilidad económica del sistema.
Deja de buscar culpas.
El sector eléctrico dominicano no tiene un solo responsable. Ha acumulado problemas, decisiones regulatorias, políticas públicas, inversiones, pérdidas, comportamientos de usuarios y empresas y, sobre todo, respuestas que durante años han buscado abordar el problema sin resolver del todo algunas de sus causas estructurales.
El Estado tiene una responsabilidad innegable porque establece las reglas del juego, las empresas tienen responsabilidades operativas y financieras, y los usuarios también tienen deberes.
No podemos exigir un servicio eléctrico de primer nivel y al mismo tiempo construir un sistema donde nadie quiera correr con el costo de hacerlo posible.
Más de dos décadas después de la Ley 125-01quizás la pregunta ya no sea quién tiene la culpa de que el mercado eléctrico dominicano no funcione como fue concebido, sino qué ajustes estamos dispuestos a impulsar para que responda a las necesidades del país hoy y a la que tendremos mañana.
(El autor es ingeniero electromecánico egresado de la UASD).
