Hay libros que transforman un argumento sin resolverlo por completo. ¿Por qué fracasan los países?de Daron Acemoglu y James A. Robinson, entra en esa categoría. Su argumento central sostiene que la prosperidad depende fundamentalmente de las instituciones políticas y económicas. La tesis es convincente porque sitúa el poder en el centro del desarrollo. Sin embargo, deja abiertas preguntas sobre la desigualdad, las estructuras productivas y las contradicciones del capitalismo.
Los autores distinguen entre instituciones inclusivas, que distribuyen oportunidades y limitan privilegios, e instituciones extractivas, que concentran recursos y autoridad en pequeños grupos. Los primeros favorecerían la inversión y la innovación; esto último permitiría a las elites apropiarse de la riqueza colectiva. Esta interpretación desafía las explicaciones que atribuyen la pobreza a la geografía o a características culturales. El retraso no es un destino inevitable: las decisiones políticas tienen consecuencias.
El problema aparece cuando esta distinción intenta explicar fenómenos históricos cuya complejidad excede el alcance institucional. Las instituciones no surgen espontáneamente. Son producto de conflictos sociales, intereses económicos y disputas de propiedad. Comprender cómo funciona requiere identificar quién controla los recursos, qué sectores influyen en el Estado y cómo se reproducen determinadas relaciones de poder.
La historia colonial latinoamericana ilustra esta dificultad. La apropiación de tierras, el trabajo forzoso y la explotación minera respondieron a una organización económica diseñada para transferir riqueza a las metrópolis europeas. Las colonias no eran simplemente territorios con instituciones deficientes, sino componentes de un sistema internacional de acumulación. Acemoglu y Robinson reconocen ese legado, aunque privilegian sus consecuencias institucionales sobre las relaciones económicas que ayudaron a producirlo.
La tesis de Nancy Fraser en Cannibal Capitalism es especialmente relevante aquí. El filósofo estadounidense propone entender el capitalismo no sólo como un sistema de producción e intercambio, sino como un orden social que depende de recursos y actividades que simultáneamente tienden a deteriorarse. Su expansión descansa en la explotación laboral, la apropiación de los recursos naturales, el trabajo de cuidados y las capacidades del poder público. Al subordinar estas condiciones a la acumulación, el sistema amenaza los fundamentos que permiten su funcionamiento.
Fraser introduce una dimensión que complementa y cuestiona el enfoque institucional. Una economía puede contar con derechos de propiedad, mercados competitivos y mecanismos democráticos mientras agota sus recursos naturales, debilita los servicios públicos o transfiere costos esenciales para sostener la actividad productiva a las familias. La rentabilidad privada puede aumentar mientras las condiciones fundamentales del bienestar colectivo se deterioran.
El concepto de capitalismo caníbal nos permite entender por qué el crecimiento económico y el desarrollo social no siempre coinciden. La producción puede expandirse sin mejorar proporcionalmente los salarios ni las oportunidades. Incluso las democracias establecidas enfrentan tensiones cuando la concentración de la riqueza se traduce en influencia política. Para Fraser, estas contradicciones no representan simples fallos administrativos: son parte de las tensiones estructurales de la acumulación capitalista.
Su enfoque también ayuda a interpretar el deterioro ambiental. La extracción intensiva de recursos puede aumentar las exportaciones y los ingresos fiscales durante años, pero generar costos ecológicos que no se reflejan plenamente en las cuentas nacionales. Una institución puede facilitar inversiones y proteger contratos sin garantizar que sus beneficios compensen los daños sociales y ambientales.
Esto no significa que las instituciones carezcan de importancia. Precisamente porque el capitalismo depende de bienes públicos, recursos naturales y actividades sociales, necesita reglas capaces de protegerlos. La pregunta es si estas reglas pueden contrarrestar los intereses económicos que a menudo se benefician de su debilitamiento.
La experiencia del este de Asia añade otra perspectiva. Corea del Sur y Taiwán impulsaron su industrialización a través de políticas estatales, financiamiento focalizado y protección selectiva de sectores estratégicos. Parte de esa transformación ocurrió antes de su consolidación democrática. Estos casos no justifican el autoritarismo, pero muestran que la capacidad del Estado y la estrategia productiva merecen un lugar central en cualquier explicación del desarrollo.
También existe un problema de causalidad. Las instituciones pueden promover el crecimiento, pero la industrialización transforma las relaciones sociales y modifica las instituciones. Como ha señalado Ha-Joon Chang, el desarrollo económico y el cambio institucional mantienen una relación recíproca, difícil de reducir a una secuencia universal.
Para América Latina, estas reflexiones tienen consecuencias concretas. Fortalecer la justicia, combatir la corrupción y mejorar la administración pública son tareas necesarias, pero insuficientes. La región también necesita diversificar su producción, incorporar tecnología y reducir las desigualdades persistentes. Desde la perspectiva de Fraser, esa transformación debería considerar igualmente los costos ambientales, el trabajo de cuidados y la sostenibilidad de los servicios públicos.
La aportación de Acemoglu y Robinson consiste en demostrar que la distribución del poder determina la prosperidad. Fraser amplía la discusión examinando las contradicciones del sistema económico dentro del cual funcionan estas instituciones. Ambas perspectivas nos permiten hacer una pregunta más profunda: no sólo qué reglas favorecen el crecimiento, sino qué tipo de prosperidad producen, quién recibe sus beneficios y sobre quién recaen sus costos.
