En los últimos días he tenido la oportunidad de conversar en diferentes espacios sobre la aumento de etiquetala factura electrónica, las nuevas responsabilidades penales de las empresas y otras decisiones que están generando preocupación en nuestra sociedad. Aunque parezcan temas distintos, todos nos llevan a la misma pregunta: ¿hasta dónde llega el bolsillo de las personas y de quienes mantienen en funcionamiento los pequeños negocios?
No planteo esta preocupación únicamente desde mi formación jurídica. También la conozco por mi experiencia como propietaria de una MIPYME. Sé lo que significa cumplir con nóminas, pagar servicios, responder a obligaciones tributarias, invertir en herramientas de trabajo y lograr que una empresa siga creciendo. Iniciar un negocio requiere planificación y mucho esfuerzo, especialmente cuando los compromisos aumentan y los ingresos no necesariamente aumentan al mismo ritmo.
Pienso en el propietario de una tienda de alimentación, de una cafetería o de un salón de belleza que, tras pagar el alquiler, la luz, los empleados y los proveedores, debe buscar recursos para adaptarse a las nuevas exigencias administrativas. Pienso también en las familias que cada mes hacen ajustes para cubrir alimentación, transporte, educación y servicios básicos. Para muchas personas llegar a fin de mes se ha convertido en un ejercicio permanente de organización y sacrificio.
En este contexto, se produce el aumento de la etiqueta RD$2,000 y RD$4,000, decisión que la Dirección General de Impuestos Internos justifica en la inflación acumulada en los últimos diez años. Mi pregunta no se limita a determinar si existe una facultad legal para actualizar estas tarifas. También debemos examinar la oportunidad y la proporcionalidad de la medida. Si utilizamos la inflación para aumentar lo que pagan los ciudadanos, ¿por qué no observamos con la misma atención cómo ha evolucionado su poder adquisitivo?
Algunos consideran que quinientos o mil pesos adicionales no representan una carga significativa. Pero cualquiera que gestiona una vivienda sabe que el problema no es un pago aislado. Eso es lo que sucede cuando sumas los alimentos, el combustible, la electricidad, los medicamentos y todas tus demás responsabilidades. El bolsillo del ciudadano es uno, aunque las obligaciones provienen de distintas instituciones.
Algo parecido ocurre con la facturación electrónica. He defendido su importancia para modernizar el sistema tributario y mejorar la transparencia, pero también he advertido sobre las dificultades de numerosas mipymes para cumplir con esta obligación. Quienes llevamos un negocio sabemos que incorporar nuevas herramientas implica capacitar al personal, reorganizar procesos y, muchas veces, asumir gastos adicionales. Las facilidades tecnológicas que ofrece el Estado son importantes, pero no todas las empresas tienen las mismas condiciones para aprovecharlas.
La discusión sobre la ampliación del plazo para aplicar la responsabilidad penal de las personas jurídicas también nos deja una reflexión. Si reconocemos que las empresas necesitan tiempo para adaptarse a las nuevas responsabilidades legales, debemos aplicar los mismos criterios de planificación a la hora de establecer otras obligaciones. No se trata de permitir el incumplimiento, sino de entender que una pequeña empresa no tiene los recursos de una gran corporación.
Mientras tanto, todavía tenemos importantes reformas pendientes. La reforma laboral necesita alcanzar acuerdos que protejan los derechos de los trabajadores y, al mismo tiempo, promuevan el empleo formal. La seguridad social requiere respuestas sobre las pensiones y el acceso a los servicios de salud, mientras los problemas en el sector eléctrico siguen afectando directamente a hogares y empresas.
Pero hay otra parte de esta discusión que no podemos dejar de lado: ¿qué está haciendo el Estado con los recursos que recibe?
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2027 contempla que aproximadamente el 86% de los gastos corrientes y de capital del gobierno central se destinen a gastos corrientes y el 14% a gastos de capital. Si bien se proyecta un aumento de la inversión pública, esta distribución obliga a reflexionar sobre nuestras prioridades.
Es cierto que dentro del gasto corriente hay compromisos esenciales, como los salarios de docentes, médicos, programas sociales y el pago de intereses de la deuda. Sin embargo, también hay que revisar el crecimiento de las estructuras administrativas, la nómina pública y aquellos gastos que se pueden racionalizar para tener mayores recursos destinados a necesidades prioritarias.
Una familia que pierde sus pertenencias porque no se ha construido un drenaje adecuado, un trabajador que debe gastar más en transporte por el deterioro de las vías o un pequeño empresario que necesita invertir en soluciones a las deficiencias del servicio eléctrico conocen muy bien las consecuencias de una inversión pública insuficiente o mal ejecutada.
Por tanto, cuando hablamos de presupuesto, no hablamos simplemente de números. Estamos hablando de escuelas, hospitales, calles, agua potable y servicios que puedan aliviar las cargas económicas de la población.
El Gobierno ha anunciado medidas de austeridad, pero necesitamos conocer sus resultados concretos. Si se pide a familias y empresas que hagan mayores esfuerzos, también corresponde al Estado demostrar cómo está reduciendo gastos innecesarios y aprovechando mejor los recursos disponibles.
Desde el derecho administrativo, esta reflexión encuentra fundamento en el derecho a la buena administración y en los principios desarrollados por la Ley núm. 107-13. Las decisiones públicas no sólo deben cumplir con la ley; También deben ser razonables, proporcionales y considerar sus efectos sobre las personas.
Como profesional y empresaria valoro profundamente a quienes se levantan cada mañana a trabajar, sostienen sus hogares y mantienen abiertos sus negocios. Este esfuerzo merece ser tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones que afecten a su economía.
La República Dominicana necesita reformas, modernización y mayor cumplimiento de las obligaciones legales. Pero también necesita planificación, mejores servicios públicos y una gestión responsable de los recursos. Porque antes de preguntarnos cuánto más pueden pagar las personas y las Mipymes, también debemos preguntarnos cuánto mejor puede gestionar el Estado lo que ya recibe.
