Como hemos explicado, es frecuente la confusión cuando se habla de derechos humanos. En muchas ocasiones se les identifica directamente con las organizaciones no gubernamentales (ONG), como si ambos conceptos fueran equivalentes. Sin embargo, estas son realidades diferentes. El derechos humanos Son el conjunto de prerrogativas inherentes a toda persona por su única condición humana. Su propósito es garantizar la dignidad, la libertad, la igualdad y el desarrollo integral. Las ONG, por su parte, son entidades privadas creadas para promover causas relacionadas con sus agendas temáticas específicas.
Esta confusión ha provocado que, para muchas personas, hablar de derechos humanos sea sinónimo de quejas, reclamos, conflictos o enfrentamientos con las autoridades. Sin embargo, esta percepción no refleja la verdadera dimensión de la defensa y promoción de los derechos humanos, cuyos propósitos no se limitan a señalar violaciones o exigir responsabilidades, sino que implican promover una convivencia basada en la tolerancia y la búsqueda de soluciones.
Es por esto que las organizaciones públicas dedicadas a la protección y promoción de los derechos fundamentales están llamadas a desempeñar un papel que vaya más allá del simple seguimiento del cumplimiento de las normas, actuando como conciliadores entre la población y los tomadores de decisiones, creando espacios donde las inquietudes ciudadanas puedan ser escuchadas y atendidas de manera oportuna, reduciendo las tensiones sociales. Por ejemplo, ante una convocatoria de huelga, un paro de transporte, una protesta o cualquier otra expresión de descontento, deben desempeñar un papel de descongestión de las estructuras estatales, facilitando soluciones.
Por eso recuerdo como ahora que, durante el último proceso de evaluación para la elección del Defensor del Pueblo ante la Cámara de Diputados, sostuve que el Defensor del Pueblo debía ser, por naturaleza, el mediador social por excelencia. Esa convicción no ha cambiado y hoy la reafirmo, porque la figura del Defensor del Pueblo, como institución nacional de derechos humanos, puede convertirse en un espacio de acercamiento y entendimiento entre los distintos actores de la sociedad.
Mantengo la misma convicción y creo que este organismo estatal puede intervenir, asumir compromisos y evitar una espiral de denuncias. Si bien la Constitución y la Ley núm. 19-01 establece que la función principal del Defensor del Pueblo es salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y supervisar la actuación de la administración pública y de las entidades privadas que presten servicios de interés colectivo. Considero que estas facultades son ilustrativas y no limitativas.
En consecuencia, si no existe una prohibición expresa que lo impida, el Defensor del Pueblo puede, apoyado en el principio de que lo que no está prohibido está permitido y el principio de favorabilidad, promover iniciativas encaminadas a fortalecer el diálogo social, reducir las tensiones y favorecer la construcción de consensos que eviten enfrentamientos innecesarios.
Desde esta perspectiva, los órganos que integran las garantías institucionales de los derechos fundamentales alcanzan su mayor punto de garantía cuando son el vaso comunicante entre las preocupaciones de los ciudadanos y las respuestas de las instituciones públicas. Quejarse cuando corresponde es parte de su misión, pero promover el diálogo y facilitar espacios de entendimiento también constituye un valioso aporte a la estabilidad social.
A veces una comunidad que se siente escuchada puede posponer una protesta; un sector laboral que encuentra canales de comunicación puede reconsiderar una huelga; y una diferencia que parecía destinada a la confrontación puede encontrar una salida a través del entendimiento, logrando canalizarla por cauces institucionales antes de transformarse en conflictos mayores, permitiéndonos pasar de la protesta a la propuesta y el diálogo.
Por eso sigo creyendo que la mediación social debe ser parte de la cultura de los derechos humanos. Porque escuchar, acercar posiciones, promover el entendimiento y evitar la escalada de reclamos es también una forma de servir a la sociedad y proteger los derechos fundamentales, ya que, como afirmó Mario Benedetti, siempre será más útil tender puentes que levantar muros.
