Un juez de Paraguay ordenó este sábado la prisión preventiva del expresidente Santiago Peña, decisión que marca un nuevo capítulo en el escándalo que sacude al país por el Banco Ueno.
«Este ciudadano debe estar bajo prisión preventiva para garantizar su sometimiento a este procedimiento», dijo a periodistas en Asunción el juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú.
De esta manera, Peña quedará detenido en el Regimiento de Escolta Presidencial, según informó Otazú tras concluir la audiencia de imposición de medidas, en la que el expresidente se abstuvo de declarar.
Según el abogado defensor de Peña, no hay peligro de fuga u obstrucción de la investigación y agregó que el expresidente no intervino en las operaciones del banco privado involucrado, según informó ABC Color.
La orden judicial se produce después de que la fiscalía le imputara los presuntos delitos de abuso de confianza y administración en beneficio personal por su actuación en este banco.
La información fue dada a conocer por el Ministerio Público en un comunicado publicado en su cuenta de Facebook, en el que además de solicitar prisión preventiva, exigió el congelamiento de los fondos y bienes del expresidente.
¿De qué delitos se acusa a Peña?
Los fiscales acusan a Peña de haber «intervenido en decisiones relacionadas con la colocación y permanencia de fondos públicos y de pensiones en el Banco Ueno, entidad con cuyo grupo empresarial habría mantenido relaciones económicas y corporativas».
Las primeras investigaciones revelan que hasta septiembre pasado los distintos organismos del Estado tenían más de US$ 230 millones en la entidad intervenida.
Los investigadores solicitaron medidas similares contra Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), a quien acusan de incumplir con sus obligaciones de supervisión del banco.
Según el diario paraguayo ABC Color, tanto Peña como Carvallo se habrían negado a prestar declaraciones ante los fiscales.
La acusación del expresidente estuvo rodeada de tensión y críticas.
El viernes por la noche, una manifestación llevó a las autoridades paraguayas a trasladar a Peña desde su residencia a un cuartel militar, donde pasó la noche. Horas antes, la justicia le había impuesto arresto domiciliario tras su destitución por el Senado por su participación en el escándalo del Banco Ueno.
Y este sábado, durante su primera comparecencia ante la Fiscalía, decenas de ciudadanos se concentraron frente a la sede de la Fiscalía General del Estado para exigir que «caigan» todos los implicados en la crisis financiera y política provocada por la intervención de la entidad bancaria.
Inicialmente, Peña tenía previsto acudir a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA). Sin embargo, el sábado las autoridades informaron que, por «razones de seguridad», el trámite se realizaría en la sede de la Fiscalía de Asunción, como así ocurrió.
«Pedimos a la ciudadanía mantener la calma respecto de la investigación», declaró la fiscal adjunta Nancy Salomón, quien confirmó que el cambio de lugar de la comparecencia del expresidente se hizo para «evitar disturbios».
La llegada del expresidente a la fiscalía sin esposas y escoltado por personal militar no pasó desapercibida ni para los medios locales ni para la opinión pública.
Las protestas lo persiguen
La seguridad fue el argumento utilizado para que, cerca de la medianoche del viernes, miembros de la ex escolta de Peña lo sacaran de su casa, en el barrio Santísima Trinidad de Asunción, y lo trasladaran a la sede del Regimiento de Escolta Presidencial (REP), ubicada cerca de Mburuvichá Róga, la residencia presidencial que ocupaba hasta hace apenas unos días.
Tan pronto como se conoció la noticia de que el exgobernante permanecería privado de libertad en su residencia, decenas de ciudadanos se reunieron alrededor de la casa para protestar contra la medida y exigir su envío a prisión.
El traslado del expresidente estuvo marcado por momentos de tensión.
Según videos difundidos por los diarios ABC Color y La Nación, algunos manifestantes lograron burlar el cordón de seguridad y se plantaron frente a la residencia del exgobernante para increparlo, arrojar huevos y golpear los vehículos que salían del lugar.
Algunos de los reunidos se enfrentaron a los uniformados, quienes tuvieron que disparar balas de goma.
Un policía resultó herido por un proyectil durante los hechos, informó el diario ABC Color.
Se desconoce cuánto tiempo permanecerá Peña en la sede del REP, unidad del ejército paraguayo encargada de la seguridad y protección del presidente, su familia, así como de expresidentes y dignatarios extranjeros que visitan el país sudamericano.
Tras el colapso del Banco Ueno, Peña renunció al Congreso, decisión que sus críticos consideraron una maniobra para evitar la justicia. ¿La razón? De haber sido aceptada su renuncia, Peña se habría convertido en senador vitalicio y habría conservado privilegios que dificultarían su procesamiento penal.
La decisión de privar provisionalmente de libertad al político fue criticada por su abogado.
«Él siempre dijo que se someterá a cualquier investigación como cualquier ciudadano», dijo a la prensa local el abogado penalista Ricardo Preda.
Devolviendo el dinero
Pero mientras las investigaciones avanzan, las nuevas autoridades paraguayas han comenzado a atender a los clientes del Banco Ueno.
«En los dos días que realizamos los pagos, jueves y viernes, hemos llegado a un total de 1.196.000 personas que ya se han beneficiado del pago de la garantía estatal», informó el presidente interino del Banco Central, Pedro Acosta, al salir de una reunión con el nuevo presidente Pedro Alliana.
El funcionario reveló que, hasta el momento, se han devuelto un total de 996 millones de guaraníes, equivalentes a alrededor de 160 millones de dólares.
La intervención del Banco Ueno dejó a unos tres millones de clientes sin acceso a su dinero y desató una ola de protestas ciudadanas.
«Mi prioridad es que los ahorristas recuperen su dinero», escribió Alliana en su cuenta de Instagram.
Por su parte, el presidente del Instituto de Seguridad Social (IPS), Derlis León, aseguró que todos los jubilados del país recibirán sus pensiones en la fecha correspondiente, incluidos los 32.000 que las percibieron en el banco intervenido.
