Santo Domingo.-Toda persona, en algún momento de su vida, ha sido testigo de alguna manifestación de violencia de género: en el ámbito familiar, entre vecinos, en una relación conocida o incluso en una escena que ocurre frente a nosotros.
Pero detrás de cada uno de estos episodios visibles hay una historia que puede durar meses o años y que conlleva consecuencias que no desaparecen cuando la víctima decide decir en voz alta: “Ya basta”.
Un caso que permite observar la magnitud de este problema es el de Yenifer Crismar Marín Díaz. En mayo pasado de este año se hizo público a través de redes sociales un video en el que la víctima expresó que ella, su madre de 71 años y su hija menor de edad permanecían en la clandestinidad debido a las amenazas que, según denunció, recibió de su expareja, Luis Enrique Evertsz Marín.
La víctima explicó que llevaba tres meses viviendo con miedo constante y cambiando su rutina. También situó el inicio de los episodios de violencia en 2021, año en el que había presentado la primera denuncia tras un incidente ocurrido mientras cargaba a su bebé de tres meses.
La difusión pública del caso precedió a la captura del imputado y, posteriormente, a la imposición de 3 meses de prisión preventiva. Tras conocer la sentencia, Marín Díaz informó que ella y su familia se sintieron más seguros. Su relato abre una pregunta que va más allá de un caso particular: ¿Qué le pasa a una mujer desde que lo denuncia y qué tan preparada está la respuesta pública para proteger su vida, cuidar su salud y acompañarla hasta que pueda reconstruirse?
Cuando la violencia de género se mira únicamente desde la perspectiva de la justicia, se deja de lado una parte esencial del problema. Las agresiones pueden producir lesiones visibles, pero no sólo quedan esas lesiones, sino que también pueden tener consecuencias sexuales, reproductivas y psicológicas que requieren atención médica. Por tanto, el camino de una víctima puede comenzar en una fiscalía, pero también en una urgencia, una consulta ginecológica, una consulta de salud mental o cualquier otro servicio de salud.
Atención integral
En respuesta a una solicitud de información, el Ministerio de Salud Pública precisó que los servicios de salud públicos y privados deben aplicar la Norma Nacional de Atención Integral a la Salud de Personas en Situación de Género y Violencia Doméstica, de 2022, y los Lineamientos para la Atención Integral de la Salud de las Mujeres en Situación de Violencia de Género, de 2025. Estos últimos establecen procedimientos específicos para abordar la violencia física, psicológica y sexual. Esto coloca dentro de las obligaciones del sistema de salud la identificación y atención de las víctimas, incluso cuando la mujer acude inicialmente por un problema de salud.
La ginecóloga y terapeuta sexual Lilliam Fondeur explica que los efectos pueden aparecer inmediatamente o durar años.
En el caso físico se pueden ver comprometidos diferentes sistemas del cuerpo, mientras que en la salud sexual y reproductiva se puede afectar la sexualidad, la capacidad de decidir sobre la reproducción y el curso de un embarazo.
Procedimiento
— Judicial
En procesos judiciales que involucran a personas en condiciones de vulnerabilidad, el Poder Judicial cuenta con centros de entrevistas forenses para víctimas y testigos. El servicio busca obtener declaraciones informativas o testimoniales.
