Santo Domingo.- Cirujanos ortopédicos, pediatras, ginecólogos y otros especialistas, así como dos farmacéuticos, se encuentran entre las personas detenidas durante los allanamientos realizados por la Fiscalía Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra profesionales de la salud y centros médicos vinculados al llamado caso SeNaSa 2.0-A, segunda etapa de una investigación sobre supuestas estructuras que habrían utilizado el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) para desviar recursos públicos a través de distintos mecanismos.
Esto, según declaraciones ofrecidas por los abogados que acudieron a representar a los detenidos durante los operativos.
Entre los detenidos se encuentra Juan Gabriel Rodríguez Revelo, ex subdirector del Hospital Darío Contreras, así como el doctor Puriel.
Un total de 28 personas fueron detenidas como parte de la investigación contra la estructura de corrupción administrativa denominada Operación Cobra 2.0-A, con el propósito de perseguir la red de corrupción integrada por ex empleados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), médicos y otras personas que se dedicaban a defraudar al Estado, al defraudar a la Administradora de Riesgos en Salud (ARS) pública miles de millones de pesos.
Los equipos de fiscales han realizado 37 allanamientos en el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, explicó el fiscal adjunto. Wilson Camacho, director general de Fiscalía del Ministerio Público, al reafirmar la posición de la Fiscal General de la República, Yeni Berenice Reynoso, para enfrentar la corrupción y el crimen organizado.
Camacho anunció que al menos 28 personas fueron detenidas como parte del caso, que comenzó en su primera etapa con la Operación Cobra, para desmantelar una estructura de corrupción administrativa que aprovechaba el SeNaSa para robar fondos públicos en perjuicio de sus integrantes.
Explicó que en el operativo trabajan equipos de fiscales de la Fiscalía Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), bajo la dirección de la fiscal judicial Mirna Ortiz, así como de otras unidades del Ministerio Público.
En el operativo participan 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional y 16 miembros de la Unidad de Investigación Criminal. En la investigación también participó la Dirección Nacional de Investigación (DNI), bajo la dirección del Ministerio Público.
Las unidades del Ministerio Público han incautado bienes, dinero en efectivo, vehículos y armas de fuego como parte del operativo, que tiene entre sus objetivos procesar a médicos que, además de violar el Código Penal y amenazar servicios de salud dirigidos a sectores vulnerables, afectaron incluso a sus propios colegas que actúan con apego a la ética profesional y se apegan a las leyes vigentes.
El proceso penal
En una primera etapa, el Ministerio Público detuvo a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa e señalado como cabecilla de la red de corrupción.
También fueron procesados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
El 5 de agosto, el Juzgado Séptimo de Instrucción del Distrito Nacional ratificó nuevamente la prisión preventiva de 18 meses impuesta a Hazim Albainy y los demás imputados. Asimismo, Ada Ledesma Ubiera cumple la misma medida bajo arresto domiciliario, luego de que el 16 de julio se variara su coacción por motivos de salud.
También continúa el proceso judicial contra los imputados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, a quienes también se les impusieron en diciembre pasado medidas coercitivas consistentes en arresto domiciliario, garantías económicas e impedimentos de salida del país.
En el caso también está procesado Ángel Luis Guzmán Vásquez, a quien el pasado 30 de julio el Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva de 18 meses que le fue impuesta en mayo pasado.
La red criminal fue desmantelada con la Operación Cobra, tras lo cual el Ministerio Público inició la judicialización del caso en busca de sanciones penales y el decomiso del dinero presuntamente sustraído del patrimonio público.
Con su accionar, los imputados afectaron a los integrantes del SeNaSa, al defraudar a esa Administradora de Riesgos para la Salud (ARS) pública con miles de millones de pesos.
Al grupo se le imputan los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, defraudación al Estado dominicano, malversación de fondos, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de dinero.
Durante el transcurso de la investigación, el Ministerio Público ha podido recabar evidencias de sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros y programas especiales sin base legal, utilizados para desviar fondos mediante maniobras fraudulentas.
El organismo acusador indicó que se trata de un esquema sistemático de corrupción instalado por el director ejecutivo del SeNaSa, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación delictuosa, de prestadores de servicios de salud, en perjuicio del Estado dominicano.
Operación Onco14
Como parte de las líneas de investigación que sigue el proceso, el Ministerio Público también lanzó en junio pasado la Operación Onco14, que derivó en la detención de tres personas por ser parte de la estructura que abusó de la Junta Cibaeña Contra el Cáncer para enriquecerse mediante maniobras fraudulentas que afectaron al Instituto Regional de Oncología del Cibao (IORC), a pacientes afectados por el cáncer y al SeNaSa.
En el caso fueron detenidos Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC; su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la Fundación Tócate RD-Hogares; así como su ex esposa, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien se divorció del imputado en 2014 y ocupó la vicepresidencia y, al mismo tiempo, se desempeñó como auditora interna y externa del directorio que administra el Instituto Regional del Cáncer del Cibao cuando el imputado era presidente de la mencionada ASFL.
Posteriormente fue puesto a disposición de la justicia en el partido judicial de Santiago. El caso fue declarado complejo y Lora Cruceta y su esposa Guzmán fueron enviados a prisión, mientras que su ex esposa Vargas Sánchez se encuentra bajo arresto domiciliario.
Los imputados y la empresa Vargas Lora & Asociados, hoy Centro de Contabilidad Vargas Guzmán, y la Fundación Tócate RD-Casa de Acología sustrajeron los fondos a través de distintos mecanismos fraudulentos.
La investigación aborda hechos delictivos como fraude clínico y farmacéutico mediante el cambio de indicaciones médicas, uso de sellos médicos falsos, doble facturación al SeNaSa y entrega incompleta de medicamentos.
Además, contempla la prohibición de las donaciones gratuitas de medicamentos, la venta de medicamentos donados, el contrabando con exenciones fiscales y el tráfico de sustancias controladas.
Asimismo, se investiga el uso de salas de oncología para realizar cirugías estéticas, gastos de entretenimiento ilegítimos y reembolsos fraudulentos de viáticos y hoteles, así como sabotaje digital, robo de archivos y lavado de dinero.
Según la investigación, los imputados sobornaron a distribuidoras de medicamentos y crearon la Fundación Tócate, con la que desviaron fondos y cobraron al SeNaSa por servicios y medicamentos no brindados a los pacientes del Centro Oncológico de Santiago.
Otro mecanismo de desvío de fondos del Patronato, según el ente investigador, fue la autoasignación de salarios, viáticos y otros beneficios que no corresponden al personal que labora en este tipo de entidades.
