Los Ángeles (EE.UU.).- Este viernes entra en vigor la nueva guía establecida por la Administración del presidente Donald Trump para negar la residencia permanente a inmigrantes que reciban ayudas estatales y puedan convertirse en carga pública, una política que en su anterior Gobierno (2017-2021) afectó incluso a ciudadanos estadounidenses.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) explica en su sitio web que el manual actualizado se alinea con la intención del Congreso de que los extranjeros que residen en Estados Unidos «sean autosuficientes y no dependan de los beneficios gubernamentales» financiados por los contribuyentes.
La nueva normativa representa el segundo intento del presidente republicano de endurecer los requisitos. Estas son las claves para entender el cambio, según datos del Immigrant Legal Resource Center (ILRC).
¿Qué es la carga pública?
La carga pública es una causa de inadmisibilidad que permite negar una visa, admisión al país o tarjeta de residencia permanente, conocida como ‘green card’, si se determina que es probable que la persona dependa de ciertos beneficios públicos en el futuro.
¿A quién se aplica la carga pública?
Esta regulación afecta únicamente a los solicitantes de residencia permanente basados en una petición familiar, como cónyuges, padres, hijos o hermanos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, o peticiones basadas en el trabajo.
Los solicitantes de tarjeta verde a través de peticiones de asilo, estatus de refugiado, visa U, visa T, VAWA o Estatus Especial de Inmigrante Juvenil (SIJS) no están sujetos a esta regla.
¿Cuáles son las nuevas directrices?
La nueva guía sobre carga pública otorga a los funcionarios de inmigración mayor discreción para negar la residencia permanente.
La instrucción ahora considera más tipos de beneficios públicos, como asistencia en efectivo del gobierno, vivienda subsidiada, asistencia para la matrícula, alimentos y ciertos servicios de salud financiados por el gobierno de Estados Unidos.
Además, se tendrán en cuenta los beneficios públicos utilizados por los miembros de la familia (hijos, padres, cónyuges) si el solicitante es responsable del sustento de esos familiares y el beneficio depende de sus ingresos.
Además, se evaluarán los factores del solicitante, como la edad, el tamaño del hogar, el estado de salud y el historial crediticio.
Incluso si el solicitante de la tarjeta verde tiene un patrocinador, esto por sí solo no sería suficiente para demostrar que el inmigrante no será una carga pública y USCIS puede determinar que él o ella es una carga pública.
¿Desde cuándo afecta la nueva guía?
La nueva directriz de carga pública entra en vigor el 18 de septiembre de 2026, lo que significa que todas las solicitudes de residencia permanente en las categorías familiar y laboral serán revisadas bajo el nuevo parámetro.
Cualquier solicitud pendiente, presentada o enviada por correo con matasellos del 17 de septiembre de 2026 o antes, será evaluada de acuerdo con la norma de 2022, impuesta por el Gobierno del expresidente Joe Bidem (2021-2025), que revocó los cambios realizados por el republicano en 2019 y relajó la prohibición.
¿Se aplica la nueva regla a solicitantes de fuera de EE. UU.?
Aunque las pautas de USCIS no se aplican a las solicitudes que se definen mediante el procesamiento consular en el extranjero, se espera que los consulados sigan políticas similares.
Consejos para los afectados
El abogado de inmigración Fernando Romo aconseja a los nuevos solicitantes presentar evidencia de que tienen un trabajo que les permite mantenerse sin pedir asistencia pública, tener seguro médico privado y activos, incluidos ahorros, inversiones o propiedades.
“Todos estos bienes son evidencia de que hay recursos, si ocurre una emergencia se puede enfrentar sin recurrir a beneficios públicos”, explicó.
Por su parte, el abogado de inmigración Alex Gálvez recomienda a los solicitantes estar al tanto de las acciones legales interpuestas contra la nueva guía para frenar su implementación.
Esta semana varias ciudades y condados, encabezados por Nueva York, presentaron una denuncia legal para bloquear la nueva norma.
«Los tribunales han detenido un gran número de órdenes ejecutivas de Trump al determinar que son arbitrarias, caprichosas y discriminatorias, opinando que este intento puede nuevamente ser detenido», añadió.
