Santo Domingo.– Él Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente el recurso de revisión constitucional contra decisión jurisdiccional interpuesto por el ex Ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo en contra de la Resolución núm. 502-01-2025-SRES-00136, emitido por la Sala Tercera de la Sala Penal de la Corte de Apelaciones del Distrito Nacional el 30 de abril de 2025, que rechazó recurso de recusación contra el juez Altagracia M. Ramírez de la Cruzdel Juzgado Cuarto de Instrucción del Distrito Nacional, durante una audiencia por el caso Calamar.
El expediente se originó cuando la defensa técnica de Castillo Terrero recusó a la jueza Altagracia M. Ramírez de la Cruz, jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, durante la audiencia preliminar del caso Calamar, alegando presuntas violaciones al debido proceso y a la imparcialidad. Dicha impugnación fue rechazada en su momento por la citada Sala de la Corte de Apelaciones.
A su juicio, el Pleno del Tribunal Constitucional basó la inadmisibilidad en que la resolución apelada resolvió una cuestión incidental del proceso y no pone fin al procedimiento penal principal ni inhabilita definitivamente al Poder Judicial, supuestos esenciales establecidos en la Constitución y la Ley N° 137-11 para habilitar el camino del control constitucional..
Sin embargo, la decisión contó con el voto disidente de la jueza Alba Luisa Barba Marcos, quien sostuvo que el tribunal debió examinar el fondo para salvaguardar en tiempo oportuno la garantía del juez imparcial.. Con esta decisión del TC, el proceso penal continúa su curso bajo los lineamientos de los tribunales ordinarios competentes..
El recusaciónEncabezada por la defensa de Gonzalo Castillo y apoyada por los representantes legales del ex Ministro de Hacienda Donald Guerrero y el ex Ministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, se produjo en rechazo a la decisión de la jueza Altagracia M. Ramírez de la Cruz, de permitir la Ministerio Publico presentará su acusación de manera sumaria, según lo establece el Código Procesal Penal.
El recurso de apelación obligó a suspender la audiencia y remitir el expediente a la Corte de Apelaciones del Distrito Nacional para que decida sobre la recusación.
Superados los incidentes, la jueza Altagracia Ramírez continuó con el proceso y dictó auto de no hay lugar a favor de Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Daniel Guerrero Mena, al considerar que las pruebas presentadas por el Ministerio Público fueron insuficientes para enviarlos a juicio de fondo.
