SANTO DOMINGO.– Mientras miles de pacientes y sus familiares enfrentan dificultades para acceder a servicios de atención psicológica y psiquiátrica, el Senado de la República aprobó ayer en primera discusión el proyecto de Ley Orgánica de Salud Mental, iniciativa que busca actualizar el marco legal y fortalecer la protección integral de las personas con trastornos mentales en República Dominicana.
La propuesta, presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos Polanco, junto a los senadores Aracelis Villanueva Figueroa, Rafael Barón Duluc y Eduard Alexis Espiritusanto, busca modificar la Ley no. 12-06, vigente desde 2006, para garantizar el derecho a la protección integral de la salud mental y mejorar los servicios para quienes requieren atención.
La decisión legislativa se produce en medio de los desafíos que enfrenta la red pública de salud mental, documentados en una serie de informes publicados por el dia, que expuso las dificultades para acceder a especialistas, la falta de apoyo comunitario y la carga económica y emocional que recae sobre las familias.
Uno de los principales problemas identificados es que muchos hogares acaban atendiendo prácticamente solos a sus familiares con trastornos mentales, sobre todo cuando no cuentan con los recursos para garantizar la continuidad de los tratamientos. En algunos casos, cuando las familias no pueden asumir esa responsabilidad, las personas quedan expuestas al abandono y terminan viviendo en las calles.
La investigación periodística también destacó la necesidad de fortalecer los servicios comunitarios, ampliar la disponibilidad de profesionales especializados y garantizar una atención que no se limite a responder cuando los pacientes atraviesan episodios de crisis, sino que también permita un seguimiento y apoyo permanente.
A estos desafíos se suma la limitada inversión pública en el sector. Los datos recogidos en los informes de el dia Señalan que el gasto público en salud mental representó solo el 0,73% del presupuesto nacional de salud en 2017, mientras que el Plan Estratégico Nacional de Salud Mental 2026-2030 propone elevar esa proporción al 5%.
En este contexto, la modificación de la Ley 12-06 representa una oportunidad para establecer mayores garantías de atención, protección de derechos y acceso a servicios, especialmente para personas en condiciones de vulnerabilidad. Sin embargo, la aprobación en primera discusión constituye sólo una etapa del proceso legislativo.
El principal desafío será que la reforma se traduzca en más centros y servicios de atención, disponibilidad de medicamentos, especialistas, financiamiento y programas de apoyo a las familias. De lo contrario, los cambios legales podrían quedar en el papel mientras los pacientes y sus cuidadores sigan enfrentando las mismas dificultades para recibir una atención digna y oportuna.
