Por: Fulgencio Severino
La discusión sobre la posible reforma de la Ley de Seguridad Social 87-01 en República Dominicana nos obliga a plantearnos una pregunta esencial: ¿qué objetivos realmente persigue el gobierno con esta iniciativa?
En el debate público han surgido propuestas que generan preocupación, como aumentar la edad de jubilación o aumentar las cotizaciones de los trabajadores. Estas medidas parecen encaminadas más a preservar los intereses de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que a garantizar una protección digna a la población trabajadora.
El sistema de pensiones dominicano, basado en la capitalización individual, ha demostrado ser insuficiente para garantizar ingresos adecuados en la vejez. Aunque los fondos han generado rendimientos del 8%, el impacto real en las pensiones es limitado, lo que resulta en ingresos insuficientes para la mayoría de los jubilados. A la fecha, las pensiones de invalidez parcial rondan los 5.000 pesos y un total de 11.000 pesos mensuales, y las pensiones de jubilación programada rondan los 20.000 pesos mensuales.
Esto lo confirman los estudios de la Unión Europea que estiraban unos ingresos del 22% del salario para quienes cotizan durante 30 años.
Otro desafío importante es el requisito de 30 años de aportes para acceder a una pensión. La realidad del mercado laboral dominicano hace que este objetivo sea inalcanzable para la mayoría de los trabajadores. Así lo confirma un estudio del Banco Mundial que estableció que sólo el 16% del total de contribuyentes había completado el 100% del período de cotización transcurrido y el 50% había completado menos del 50% de las cotizaciones estudiadas.
Esta situación es producto del alto período de tiempo sin devolver aportes de un trabajador que es despedido, el estudio que cita establece que el 40% ha dejado de cotizar por un año, el 30% por 1 a 2 años, el 18% por 2 a 4 años y el 11% por 4 a 6 años.
Asimismo, el sistema de salud enfrenta importantes limitaciones en la cobertura, con barreras que obligan a los pacientes a asumir crecientes gastos de bolsillo. Esto se debe a la persistencia de un catálogo de beneficios y una lista de medicamentos que excluye todos los procedimientos y fármacos con mejores resultados y la exclusión de decenas de procedimientos frecuentemente utilizados en la población, razón por la cual los intermediarios de salud utilizan mecanismos perversos para negar y retrasar beneficios para favorecer sus intereses de lucro.
La reforma debe centrarse en mejorar el acceso y la equidad del sistema, colocando a las personas en el centro y no a los intermediarios financieros.
Debemos rechazar cualquier pretensión del gobierno de actuar a favor de la oligarquía financiera. No se puede repetir la reforma del corrupto gobierno peledeísta encabezado por Pir Danilio, que creó la comisión del 1,2% del Fondo acumulado, que genera 12 mil millones de pesos anuales para las AFP, lo que unido al uso a favor de ese sector de 1,2 mil millones de pesos acumulados, convierte al sistema en un verdadero negocio financiero y no en un sistema de jubilaciones y pensiones.
En este sentido, proponemos sustituir el sistema de capitalización por un sistema mixto que garantice pensiones definidas según los años de aportes, comenzando con el 40% por un período de 10 años de aportes, el 60% por 20 años, el 80% por 25 años y el 90% por 30 años.
En salud, proponemos fortalecer el sistema público, garantizar la cobertura de medicamentos y procedimientos basados en las necesidades de los pacientes y la evidencia científica para el uso de aquellos de probada calidad para reducir las complicaciones, la mortalidad, las estancias prolongadas y las hospitalizaciones.
