Santo Domingo.- El nuevo reglamento de generación distribuida (usuarios que generan energía desde sus hogares o empresas), emitido a finales de enero y que entrará en vigor a finales de mayo, ha generado cuestionamientos entre algunos actores del sector respecto de la garantía de sostenibilidad de estas empresas, mientras que el organismo regulador asegura que estos cambios permitirán un mayor orden en este tipo de usuarios y su penetración.
De acuerdo a César Olivero, director de regulación de la Superintendencia de Electricidad, La normativa introduce importantes cambios encaminados a modernizar y ordenar el crecimiento del sector, especialmente en proyectos fotovoltaicos, y detalló que entre las principales novedades se establece que el contador bidireccional, que antes debía ser adquirido por el usuario, ahora será suministrado por la empresa.
Además, los procesos pasarán de ser manuales a completamente digitales, lo que reducirá los tiempos de aprobación e interconexión.
Indicó que el excedente de energía se reconocerá al 100% del excedente de energía generado por los usuarios al final del año, frente al 75% que se aplicaba anteriormente. Esta medida busca incentivar la adopción de sistemas de generación distribuida.
Respecto a las empresas distribuidoras, indicó que deben cumplir con las disposiciones reglamentarias, bajo la supervisión de las autoridades competentes. El incumplimiento podría dar lugar a las sanciones contempladas en la Ley General de Electricidad, incluidas multas.
Respecto a los usuarios, dijo que la normativa establece un cobro por usuario que permitirá a las distribuidoras compensar ingresos y afrontar los retos derivados de la implementación de la normativa. La normativa también habilita el uso de baterías en sistemas de autoconsumo, aunque las grandes inversiones seguirán siendo responsabilidad de las empresas del sector.
Dijo que actualmente la generación distribuida llega a más de 500 megavatios instalada y supera los 23 mil clientes. «El país ha experimentado un aumento exponencial tanto en capacidad instalada como en número de usuarios. Hoy estamos hablando de más de 500 megavatios y más de 23.000 clienteslo que demuestra el dinamismo del sector, pero también plantea desafíos importantes”, explicó.
Destacó que este crecimiento, aunque positivo, presiona las redes de distribución. “A medida que aumenta la penetración de estos sistemas, surgen desafíos técnicos, operativos y económicos que deben gestionarse adecuadamente para no comprometer la calidad del servicio”, indicó.
En ese sentido, afirmó que la nueva regulación busca garantizar un desarrollo ordenado: “No se trata de detener la generación distribuida, sino de permitir que siga creciendo, pero bajo criterios técnicos claros y reglas homogéneas”.
En tanto, Eduardo Vázquez, de la Asociación Dominicana de Sistemas Eléctricos Aislados, expresó que advirtió reiteradamente al ente regulador que, si se quiere un sistema eléctrico resiliente y robusto, el modelo a seguir debe ser la facturación neta, ya que garantizaría la sostenibilidad de las empresas. Propuso que deberían haber comenzado con un esquema de facturación en lugar de facturación neta.
También señaló que, debido al crecimiento de la ciudad, en algunos casos ya no hay espacio suficiente para que parte de la población tenga su propia generación renovable. Añadió que, aunque les gustaría que todos participaran en el proyecto, ya no es posible incluir a todos.
Mientras que Vladimir Santos, de la Comisión Nacional de Energía (CNE), entiende que la generación debe concentrarse en zonas de mayor poder adquisitivo (Santo Domingo y Santiago), donde los usuarios puedan adquirir baterías. Aunque preferiría una generación más robusta y diversificada que evite que fenómenos climáticos (como las nubes) afecten a todo el sistema al mismo tiempo.
Cargo por uso de red
Por su parte, Daniel Matich (AES Dominicana) defendió la introducción del “cargo por uso de red” al explicar que la tarifa debe garantizar el acceso y la capacidad de la red, y no depender únicamente del consumo de energía.
Carolina León, abogada especialista en regulación, cree que aún hacen falta mayores incentivos fiscales al almacenamiento (baterías).
