La profunda crisis política, institucional y de seguridad que atraviesa Haití representa uno de los mayores desafíos para la estabilidad del Caribe. Para la República Dominicana, que comparte con esa nación una frontera y una realidad histórica compleja, constituye también una responsabilidad permanente: proteger su soberanía, preservar la seguridad de sus ciudadanos y actuar con prudencia ante una situación cuyas soluciones trascienden nuestras capacidades nacionales.
Desde el inicio de su administración, el presidente Luis Abinader ha mantenido una persistente labor diplomática para colocar la crisis haitiana entre las prioridades de la comunidad internacional. Su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado y su reciente reunión con el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, evidencian la continuidad de ese esfuerzo.
La presencia de fuerzas internacionales en Haití representa un avance hacia el reconocimiento de una responsabilidad compartida, reivindicada reiteradamente por nuestro país. Aunque sus resultados enfrentan desafíos importantes, estas iniciativas reflejan una mayor comprensión internacional de la gravedad de la crisis y las preocupaciones legítimas de los dominicanos.
La defensa de nuestras fronteras no debe confundirse con la hostilidad hacia el pueblo haitiano. Se trata del derecho soberano de un Estado a preservar su integridad territorial y garantizar la seguridad de su población, dentro del respeto del derecho internacional.
Esa visión ha tenido expresiones concretas. La construcción del muro perimetral fronterizo, junto con el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la incorporación de mayores capacidades de vigilancia terrestre, marítima y aérea, responde a una política preventiva encaminada a proteger el territorio nacional.
La reciente participación de El Salvador en los esfuerzos internacionales relacionados con Haití añade un elemento de actualidad a este escenario. La disposición expresada por el presidente Abinader de colaborar mediante apoyo logístico, sin comprometer tropas dominicanas en territorio haitiano, refleja una posición que combina cooperación internacional y claridad sobre las responsabilidades nacionales.
Pero la firmeza en materia de seguridad debe ir acompañada de responsabilidad institucional. La protección de la soberanía y el respeto de los derechos humanos no son principios incompatibles. Por el contrario, su observancia conjunta fortalece la legitimidad de las decisiones del Estado y la confianza en sus instituciones.
A pesar del deterioro de las condiciones de seguridad en Haití, la República Dominicana ha buscado preservar su estabilidad mediante una combinación de prevención, vigilancia fronteriza y acción diplomática. Esto no significa ignorar los riesgos existentes, sino reconocer la importancia de anticiparlos y gestionarlos responsablemente.
Defender la soberanía requiere algo más que levantar barreras físicas. Requiere visión estratégica, instituciones fortalecidas y una diplomacia persistente.
Ese es el verdadero significado de una política de Estado: defender con firmeza nuestra soberanía, actuar responsablemente ante la comunidad internacional y preservar la dignidad humana. Porque ante una crisis de esta magnitud, gobernar responsablemente no se trata sólo de responder a las amenazas, sino de anticiparlas, proteger a la nación y garantizar su estabilidad.
