La protección del medio ambiente ha dejado de ser una cuestión meramente ecológica y se ha convertido en un eje estratégico de la seguridad y defensa nacional. El concierto de las naciones ha entendido que el cambio climático y la degradación de los recursos naturales impactan directamente el desarrollo nacional y se traducen en amenazas que comprometen la estabilidad de los Estados. En este sentido, la soberanía no se limita sólo a la defensa territorial, sino que se extiende a la preservación del derecho al medio ambiente y de los derechos de la naturaleza, como condición esencial para garantizar la seguridad social.
Como en intervenciones anteriores hemos indicado, la seguridad nacional se ocupa de las amenazas internas que surgen dentro del territorio, mientras que la defensa nacional se activa frente a las amenazas externas. Esta lógica se replica en materia ambiental: se activa la seguridad ambiental contra la deforestación ilegal, los incendios forestales incendiarios, la contaminación de ríos y acuíferos, la ocupación irregular de áreas protegidas y la explotación indiscriminada de recursos naturales. Estas prácticas comprometen la salud de la población y la estabilidad social y pueden ser aprovechadas por actores criminales locales. En el ámbito de la defensa ambiental, las amenazas incluyen el tráfico internacional de especies, la explotación transfronteriza de recursos naturales, la contaminación marítima y los efectos del cambio climático que trascienden las fronteras. Fenómenos como huracanes, sequías y aumento del nivel del mar impactan directamente a los estados insulares del Caribe, obligándolos a articular la cooperación internacional, la diplomacia ambiental y la capacidad militar y tecnológica para proteger sus recursos estratégicos.
Más allá del plano jurídico y de la política de seguridad nacional, el medio ambiente se convierte en un actor geopolítico, ya que es un instrumento para la toma de decisiones que vincula factores geográficos, políticos y ambientales con la seguridad y el desarrollo. En el Gran Caribe, donde los Estados enfrentan eventos climáticos extremos y presiones transfronterizas, la capacidad de proteger los recursos naturales se traduce en poder de negociación y liderazgo regional. República Dominicana, al promover la diplomacia ambiental y climática en su estrategia de Estado, fortalece su política exterior, capaz de articular la cooperación internacional para enfrentar amenazas comunes.
La protección ambiental como política de seguridad y defensa nacional es esencial en un mundo donde existen nuevas amenazas, por lo que la seguridad y defensa ambiental se erige como protección estratégica y consolidación geopolítica y geoestratégica.
