Santo Domingo.- En medio de un contexto de quejas y denuncias por contratos millonarios de alquiler de oficinas del Estado como la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OGTIC), el diputado Jesús Stalin Vásquez depositó en el Congreso Nacional un proyecto de ley que establece un límite máximo de duración para la contratación de bienes y servicios regulados por la Ley núm. 340-06.
Según la pieza «Los contratos de suministros y servicios para prestación posterior tendrán una duración máxima de cinco años, incluidas las posibles prórrogas que se acuerden».
El documento añade que «cualquier proceso de contratación que pretenda exceder el plazo establecido requerirá la aprobación previa del Congreso Nacional. Dicha autorización deberá otorgarse mediante resolución, previa solicitud debidamente motivada de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad solicitante. en el que se expliquen de forma clara y detallada las razones de conveniencia y necesidad que justifican la contratación en beneficio del interés público.«.
La pieza depositada en el Cámara de Diputados También indica que los contratos de servicios de mantenimiento o garantía que se celebren conjuntamente con la compra de un bien a mantener, cuando dicho mantenimiento sólo pueda ser prestado por razones de exclusividad o técnicas por parte del proveedor del bien o servicios, podrán tener como período de duración es la vida útil del producto adquirido.
Asimismo, se podrá establecer un plazo superior a cinco años en los contratos de prestación de servicios a particulares, cuando sea necesario para la continuidad de aquellos tratamientos a usuarios en los que el cambio de proveedor pueda tener incidencia.
negativamente.
El documento también establece las sanciones a las que estarán sujetos los funcionarios que no cumplan con lo establecido en la pieza. Serán responsables administrativa, civil y penalmente, según corresponda, y estarán sujetos a las sanciones establecidas en la normativa vigente y deberán rendir cuentas ante los órganos competentes, según lo establecido en la normativa vigente.
