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martes, octubre 13, 2026
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CARD pide revisar casación y sanciones a abogados

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Santo Domingo. – Él Colegio de Abogados de la republica dominicana (TARJETA) pidió revisar varias disposiciones de la Ley 2-23, sobre Recurso de casaciónconsiderando que podrían limitar el acceso a la justicia y exponer a los abogados a sanciones financieras desproporcionadas por sus actuaciones profesionales.

El cargo fue presentado por el presidente del sindicato, Trajano Potentinidurante una reunión con legisladores de la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos de la Senadoen el que se discutieron propuestas de reforma vinculadas al sistema judicial y a la regulación de la abogacía.

Objeciones al interés de casación

Una de las principales cuestiones de la TARJETA se refiere a la interés casacionalMecanismo que condiciona la admisión de determinados recursos ante la Corte Suprema de Justicia. Fuerza Advirtió que su aplicación no debe convertirse en un obstáculo que impida a los ciudadanos obtener revisión judicial de decisiones que consideren contrarias a sus derechos.

Aunque reconoció la importancia de establecer mecanismos Para mejorar la eficiencia de los tribunales, sostuvo que deben respetar la tutela judicial efectiva, la igualdad procesal y el acceso a la justicia.

El sindicato también expresó preocupación por los efectos que las restricciones a la casación podrían tener en el litigio laboral, al considerar que un aplicación excesiva Una legislación restrictiva puede dificultar la revisión de decisiones relacionadas con salarios, beneficios y otros derechos de los trabajadores.

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Multas por recursos y proporcionalidad

Potentini también llamó la atención sobre el artículo 56 de la Ley 2-23, que contempla sanciones por recursos considerados abusivos, temerarios o presentados de mala fe, en las condiciones previstas en la norma.

Según explicó, las consecuencias económicas pueden incluir multas e indemnizaciones civiles que, en determinados casos, alcanzan el equivalente a 50 salarios mínimos del sector privado.

el presidente de TARJETA sostuvo que estas disposiciones deben aplicarse con criterios objetivos y proporcionales, para evitar que los profesionales del derecho deseen presentar recursos legítimos por temor a enfrentar consecuencias económicas.

Aclaró que la lealtad procesal es necesaria para la operación de justicia, pero consideró que su aplicación debe distinguir entre actuaciones abusivas y el ejercicio legítimo de la defensa de los intereses de un cliente.

Durante la reunión, la delegación también planteó la necesidad de adaptar el Código de Ética Profesional y el régimen disciplinario de los abogados a las disposiciones constitucionales y a los criterios establecidos por la Tribunal Constitucional.

Potentini señaló que cualquier reforma debe asegurar la legalidadla proporcionalidad de las sanciones, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el debido proceso en las investigaciones contra profesionales del derecho.

El sindicato considera que la actualización normativa debe permitir sancionar faltas éticas, sin desconocer las garantías fundamentales de los abogados sujetos a procedimientos disciplinarios.

Otro punto abordado fue la propuesta de crear una cuarta sala en el Corte Suprema de Justiciaespecializada en temas administrativos, iniciativa que recibió el apoyo de la TARJETA.

Potentini afirmó que una jurisdicción especializada podría contribuir a mejorar el análisis de los conflictos entre ciudadanos y entidades publicasasí como fortalecer la uniformidad de criterios judiciales en materia administrativa.

La reunión se llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples del Senadocon la participación de los senadores Rafael Barón Duluc Rijoconocido como Cholitín; Omar Fernández, franklin romero, Alexis Victoria Yeb y Pedro Catrín.

la delegación de Colegio de Abogados estaba encabezado por Fuerza y el jurista Ángel Ledesmaquien presentó las observaciones del sindicato sobre las iniciativas legislativas discutidas.

Él TARJETA Manifestó que las reformas judiciales deben buscar una mayor eficiencia del sistema, sin reducir las garantías constitucionales de los ciudadanos ni comprometer el ejercicio independiente del derecho.

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