Santo Domingo (EFE). – El partido Fuerza del Pueblo (FP) solicitó este miércoles a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) abrir una investigación para determinar responsabilidades por la actuación de funcionarios y abogados de la Dirección General de Bienes Nacionales que presuntamente provocaron la pérdida de un recurso judicial relacionado con un terreno ubicado en la avenida José Contreras, en el Distrito Nacional.
El partido opositor reaccionó a informes periodísticos publicados hoy en los que se afirma que el Estado dominicano deberá pagar RD$2,693.9 millones por 117,937.80 metros cuadrados de terreno, luego de que la inactividad procesal de los abogados de Bienes Nacionales provocará el fin del recurso de apelación mediante el cual la institución intentaba impugnar la condena.
La organización consideró que, debido a la magnitud de los recursos públicos comprometidos, el caso no puede ser tratado simplemente como un error procesal y exigió establecer quiénes fueron los responsables del expediente, qué mecanismos de supervisión existieron y por qué se dejó transcurrir el plazo legal sin tomar las acciones necesarias para mantener vigente el recurso.
«Estamos hablando de casi 2 mil 700 millones de pesos que tendrá que pagar el pueblo dominicano. Cuando una acción u omisión de servidores públicos tiene consecuencias de esta magnitud para el patrimonio del Estado, existe la obligación de investigar, identificar responsabilidades y explicar al país lo sucedido», afirmó la FP en una nota.
Según la información publicada, el Tribunal Superior Administrativo había fijado el monto a pagar a los sucesores de los antiguos dueños del terreno en RD$2,693,994,196.50.
Bienes Nacionales objetó esta valoración y sostuvo que el saldo pendiente, debidamente actualizado, era de aproximadamente RD$120.2 millones. Sin embargo, estos argumentos no pudieron ser examinados por la Corte Suprema de Justicia porque Bienes Nacionales no procedió con el recurso de casación.
Una sentencia de la Corte Constitucional, emitida el 17 de agosto de 2026, confirmó la decisión de la Corte Suprema de Justicia que había declarado extinguido el recurso. Según la sentencia, durante tres años no se llevó a cabo la actuación procesal requerida para impulsar el expediente, a pesar de que la legislación establecía mecanismos para evitar que se agotara su plazo ante el Tribunal Supremo.
