Santo Domingo.- El Viceministro de Asuntos de Naturalización y Migración de la Ministerio del Interior y PolicíaJuan Manuel Rosario, calificó como una amenaza a la soberanía de República Dominicana los intentos de algunos sectores de imponer de manera encubierta el otorgamiento de la nacionalidad a extranjeros que no cumplan con los requisitos legales establecidos.
En un comunicado público, el viceministro advirtió sobre cualquier intento de inscripción en el registro civil u otros medios irregulares.
Rosario afirmó que, con el pretexto de defender los derechos humanos de las personas que han ingresado ilegalmente al país, se ha desplegado un conjunto de lineamientos que buscan desconocer el derecho soberano del pueblo dominicano, el cual está sustentado en los tratados internacionales que regulan las relaciones. entre los Estados.
El funcionario aclaró que no se puede exigir al Estado dominicano que asuma responsabilidades que no le corresponden, como brindar servicios de salud, educación o nacionalidad a personas que no cumplen con los requisitos legales. Asimismo, destacó que no es aceptable que ningún funcionario o ciudadano comprometa los recursos del Estado para afrontar las consecuencias derivadas del ingreso irregular de extranjeros, que contraviene las leyes nacionales.
«Los derechos humanos colectivos, o de tercera generación, reconocen el derecho de los pueblos a la autodeterminación. En ese sentido, el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra este principio, permitiendo a las personas definir su condición política y promover su desarrollo económico, social y cultural”, destacó Rosario.
La viceministra lamentó que quienes han defendido la soberanía nacional ante estas presiones internacionales hayan sido objeto de aislamiento y difamación deliberada, destacando que la defensa de la nación no permite puntos medios. «La defensa de nuestra casa nacional es clara: o se protege o se pone en riesgo, sin lugar a ambigüedades ni manipulaciones», añadió.
Rosario también recordó que el propio Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que cada Estado tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos de todas las personas dentro de su territorio, siempre que estén sujetas a su jurisdicción. En ese contexto, planteó la pregunta: “¿Puede un ciudadano o funcionario dominicano, por motivos personales, utilizar los recursos del pueblo en beneficio de una población extranjera?”.
En respuesta, el funcionario señaló que ninguna persona tiene derecho ni autoridad para comprometer bienes que sean parte de la soberanía nacional. «Cualquier acción realizada a espaldas del pueblo, por parte de particulares o funcionarios, puede ser considerada contraria al derecho internacional, a las tradiciones del derecho público en América y a la historia del pueblo dominicano», concluyó.
Finalmente, Rosario llamó a la sociedad dominicana a defender la dignidad y soberanía de la nacionalidad.
