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domingo, agosto 16, 2026
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Tribunal rechaza devolver bienes retenidos a imputado en caso de red de sobornos que operaba en Senasa, Edenorte, Edeeste y Edesur

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SANTO DOMINGO.– El Juzgado Sexto de Instrucción del Distrito Nacional rechazó parcialmente la solicitud de Bolívar Nicolás Fernández Espinalacusado de formar parte de una red de cobro de sobornos integrada por militares y un civil, desmantelada el año pasado.

el fiscal del juicio Rosa María Pichardoquien representó el Ministerio Publico en la audiencia presidida por el juez Yanibet RivasExplicó que el juzgado rechazó la solicitud de devolución de los bienes incautados durante un allanamiento, al considerar que estos son importantes para la investigación.

La juez consideró que estos efectos podrían solicitarse para su decomiso posteriormente, por lo que entendió que no procedía ordenar su devolución y desestimó el recurso de la demandada. Bolívar Nicolás Fernández Espinal«, explicó el representante de la Ministerio Publico.

El tribunal mantiene los activos bajo custodia

Pichardo precisó que el Ministerio Publico No se opuso a la devolución al imputado de aquellos objetos retenidos que no sean relevantes para la investigación.

Puestos y entidades afectadas por la red

Fernández Espinal se encuentra entre los integrantes de la presunta red de corrupción que, según la Ministerio Publicoinstituciones afectadas como la Instituto Nacional de Atención Integral Primera Infancia (Inapii), él Seguro Nacional de Salud (Senasa) y empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.

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  • Además de Fernández Espinalel proceso involucra al mayor general retirado de la Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez; el coronel de la Fuerzas aéreas Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente de Ejército Wellington Peralta Santos; el coronel de la policia nacional Ramón Quezada Ortizy el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González.

Los imputados enfrentan cargos de cohecho, asociación delictuosa, defraudación al Estado y lavado de dinero, en violación de los artículos 177, 178, 179, 180, 265, 266 y 405 de la Código Penal dominicano; del artículo 146, apartado 1, de la Constitución de la Repúblicay varios artículos del Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

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