Santo Domingo. – El presidente del Senado de la República, ricardo de los santosrecibió este jueves el proyecto de Ley General de Concesiones de Bienes, Servicios y Obras Públicasdepositado por el Poder ejecutivo con el objetivo de regular las concesiones en el país y fortalecer el sistema de contratación pública.
La iniciativa tiene como objetivo regular el régimen jurídico aplicable a las concesiones de bienes, servicios y obras públicas, así como los procedimientos para su planificación, adjudicación, formalización, ejecución, supervisión, modificación y extinción, con el fin de asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos y la adecuada gestión de los bienes y obras públicas.
Próximo trámite en el Senado
Al recibir la propuesta, ricardo de los santos informó que será incluido en el orden del día para su información y posterior remisión a una comisión legislativa para su estudio, antes de ser conocido por el pleno de la Senado.
Ya sabes que lo que recibimos es la materia prima; Esa materia prima la enviamos a la comisión, la comisión nos devuelve un producto preterminado y, en la cámara, se aprueba el producto final”, dijo el presidente de la Cámara Altaal explicar el procedimiento legislativo que debe agotar la iniciativa.
Por su parte, el subconsultor jurídico del Poder ejecutivo, Mairena Rivasdestacó que el proyecto busca complementar las transformaciones del estado dominicano incorporando un marco legal para las concesiones de bienes, servicios y obras públicas.
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Mientras tanto, el director general de Contratos Públicos, Carlos PimentelExplicó que la propuesta busca cubrir la ausencia de una regulación específica sobre esta modalidad contractual en el país.
Este proyecto busca fortalecer el régimen de contratación de la República Dominicanaintegrar una modalidad contractual, como las concesiones, que no está regulada en el República Dominicana. Esta ausencia motivó la necesidad de elaborar este proyecto de ley que hoy depositamos en el Senado de la República«, afirmó Pimentel.
El funcionario agregó que la aprobación de la iniciativa contribuiría a consolidar el sistema nacional de contratación pública, complementando los avances logrados con la reciente aprobación de legislación en esta materia.
El proyecto deberá agotar el trámite legislativo correspondiente en el Congreso Nacional antes de su eventual aprobación y posterior remisión al Cámara de Diputados.
Acompañaron al presidente del Senado, Carlos Pimenteldirector general de Contratos Públicos; Mairena Rivassubconsultor legal para Poder ejecutivo; y Esteivin Acostaespecialista jurídico de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
Claves del proyecto de concesiones
La propuesta establece las reglas para la planificación, selección, adjudicación, formalización, ejecución, supervisión, modificación y terminación de los contratos de concesión, con el propósito de fortalecer la transparencia, la seguridad jurídica y la eficiencia en la gestión de los bienes, obras y servicios públicos.
Sistema Nacional de Concesiones Públicas
El proyecto contempla la creación del Sistema Nacional de Concesiones Públicas, con la Dirección General de Contrataciones Públicas como órgano rector y Consejo Nacional de Concesiones como órgano deliberante, encargado de conocer y tomar decisiones sobre los proyectos en los casos previstos en la iniciativa.
Licitación, evaluación y supervisión.
Entre sus principales disposiciones establece como mecanismo la licitación pública nacional o internacional. para seleccionar distribuidores, además de criterios objetivos de evaluación, mecanismos de publicidad de procedimientos y obligaciones de supervisión y rendición de cuentas.
Incapacidades, sanciones y conflictos
Asimismo, incorpora medidas para prevenir conflictos de intereses y limitar la participación de las personas. físico y legal que entren dentro de las prohibiciones e inhabilitaciones previstas en la propuesta. También establece un régimen de infracciones y sanciones por incumplimiento e irregularidades.
Plazos, riesgos y continuidad
La iniciativa también regula la duración de los contratos, sus modificaciones y prórrogas, la asignación de riesgos entre el Estado y el sector privado, la supervisión financiera de los proyectos y las condiciones para garantizar la continuidad de los servicios públicos.
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