Santo Domingo.– Él Ministerio Publico identificó a dos miembros de la División de Inteligencia Naval (M-2) de la Armada de República Dominicana quien presuntamente brindó protección a la red de narcotráfico investigada a través de la Operación Rompeolas.
Asimismo, conversaciones telefónicas interceptadas revelaron denuncias de presuntos sobornos a personal militar para facilitar la transferencia de drogas a puerto rico.
Según la solicitud de medida coercitiva, el Sargento Mayor Celestino Reyes Castillo y Cabo Andis Terreroambos identificados como miembros de Inteligencia Naval durante los hechos investigados, habrían brindado protección a la organización presuntamente dirigida por Fausto Candelario Ortiz, alias Pachá.

El expediente vincula a ambos militares con una operación coordinada en16 de mayo de 2022cuando la estructura pretendía enviar un barco con503 paquetes de cocaína desde las costas de Miches hasta Puerto Rico.
Según la Fiscalía, el envío fue suspendido debido a la presencia de autoridades en la zona. Durante las investigaciones de ese operativo, organismos de inteligencia identificaron a Reyes Castillo y Terrero como presuntos colaboradores de la organización.
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El Ministerio Público también indica que en ese operativo estuvieron involucrados Marcial Castillo, alias Chacabana, y Adolfo Sánchez de Aza, alias Toletequienes habrían participado en la coordinación logística del envío.
Exmiembro de la Armada habría brindado información y protección
La Fiscalía Especializada Antidrogas identifica Andis Terrero como exmiembro de la Armada de República Dominicanaa quien atribuye funciones de colaboración con la presunta estructura criminal desde su antiguo cargo en Inteligencia Naval.
Según el documento, Terrero habría suministrado información, asesoramiento, protección y seguridad para facilitar la salida de embarcaciones cargadas con sustancias controladas con destino a Puerto Rico.
La investigación sostiene que estos contactos formaban parte de los mecanismos utilizados por la organización para conocer la movimientos de las autoridades y reducir el riesgo de interceptación de sus operaciones marítimas.
El archivo también atribuye a Yovani Candelario Ortis, alias Pachasitodesignado como jefe operativo de la red, contactó a miembros de la Armada y otras instituciones para obtener información y supuesta protección durante el transporte de cocaína.
Las interceptaciones revelan acusaciones de soborno
Una conversación telefónica interceptada en 7 de junio de 2023a las 5:19 de la tarde, incluye denuncias sobre un miembro de Inteligencia Naval que supuestamente recibió dinero para permitir operaciones de narcotráfico.
En comunicación, Diofrendy Domingo Reyes Cabrera y Eliceo Peña, alias Cheohablaron de las actividades de vigilancia en las costas y de las personas que deben recibir información sobre los movimientos de la organización.
Durante el intercambio, ambos hicieron referencia a un miembro de la División de Inteligencia Naval, conocido en la conversación como miembro del M-2quien supuestamente aceptó pagos.
«Se lleva cualquier cosita, se lleva lo que le den.«dijo Eliceo Peña, según transcripción incorporada por el Ministerio Público.
En esa misma comunicación, Peña sostuvo que el mencionado integrante del M-2 tenía conocimiento de ciertas actividades realizadas en el zona costera.
- La Fiscalía interpreta estas conversaciones como indicios de posibles sobornos a militares para permitir la ejecución de operaciones de narcotráfico.
- Sin embargo, el documento no identifica expresamente en esa conversación al militar mencionado como Andis Terrero o Celestino Reyes Castillo, por lo que la recepción de esos pagos no puede ser atribuida directamente a ninguno de ellos.
Monitoreaban movimientos militares antes de transportar droga
Las escuchas telefónicas también describen mecanismos de vigilancia utilizado por la organización para conocer la ubicación del personal militar desplegado en zonas costeras.
Él 8 de junio de 2023A las 2:54 de la tarde, Diofrendy Domingo Reyes Cabrera se comunicó con Eliceo Peña para confirmar si un miembro de la Armada, a quien identificaron como «El marinero»se encontraba de servicio en la zona donde pretendían realizar una operación de narcotráfico.
«¿No te has sentido marinero?«Preguntó Reyes Cabrera durante la conversación.
El intercambio refleja la preocupación de los presuntos integrantes de la organización por conocer la ubicación militar antes de continuar con sus actividades.
Según el Ministerio Público, estas verificaciones formaron parte del medidas de seguridad adoptadas por la estructura para evitar que los envíos sean detectados o incautados.
La documentación también incluye comunicaciones en las que los encargados de la vigilancia informaban sobre la presencia de personas en las playas y recibían instrucciones para continuar. observando los alrededores.
Fiscalía atribuye a la red sobornos a militares y policías
En el apartado dedicado a las características de la organización, el Ministerio Público identifica lassoborno a autoridades militares y policialescomo uno de los mecanismos supuestamente utilizados para garantizar la protección durante el tráfico internacional de cocaína.
La fiscalía sostiene que la estructura contactos mantenidos con personas vinculadas a organismos de seguridad, al tiempo que utilizan guardacostas, transportistas y barqueros para realizar los envíos.
Según los investigadores, la organización recibía cargamentos de cocaína desde Colombia a lo largo de la costa de Bayahíbe y Boca de Chavónel cual luego fue trasladado a centros de almacenamiento en Higüey y Miches.
Desde la costa costera deCosta Esmeraldalas drogas eran enviadas a Puerto Rico mediante lanchas rápidas, bajo una logística que incluía vigilancia terrestre y marítima.
La investigación apunta a Fausto Candelario Ortiz, alias Pachácomo principal cabecilla de la presunta organización, al tiempo que atribuye a su hermano Yovani Candelario Ortiz la coordinación de las operaciones de transporte y envío de los cargamentos.
El Operación Rompeolas Se trata de 22 imputados, investigados por su presunta participación en una estructura dedicada al tráfico internacional de drogas y al blanqueo de capitales.
«Las acusaciones sobre la supuesta colaboración militar y el pago de sobornos son parte de la investigación presentada por el Ministerio Público y no constituyen una determinación judicial de culpabilidad.
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