SANTO DOMINGO.- La Tercera Sala de la Corte Suprema de Justicia (SCJ), mediante sentencia SCJ-TS-26-1978, de 30 de septiembre de 2026, revocó el fallo de la Sala Quinta de la Tribunal Superior Administrativo (TSA), que había rechazado una demanda por responsabilidad financiera presentada por Inteligencia Jurídicasrlcontra el Cámara de Cuentas (CCRD). El expediente regresa ahora a la Sala Tercera del TSA para un nuevo juicio.
El origen de la controversia se remonta al 25 de marzo de 2021, fecha en que el citado despacho de abogados y el órgano de control firmaron un contrato de servicios, aprobado por el Pleno de este último mediante Decisión núm. DIC-X-2021-001.
En agosto de 2021, el CCRD emitió dos resoluciones: ADM-2021-006, que inició de oficio un procedimiento para declarar la lesividad contra la decisión que aprobó el contrato, y ADM-2021-007, que suspendió provisionalmente sus efectos.
Entre noviembre y diciembre de 2022, Inteligencia Jurídica presentó varias demandas contra el CCRD por distintos hechos generadores, entre ellos la suspensión del contrato. En relación con este caso, la Sala Tercera del TSA fue declarado incompetente en 2024, pero el SCJ rechazó dicho fallo mediante sentencia SCJ-TS-25-4336, de 18 de diciembre de 2025, y remitió el expediente a la Sala Quinta de la TSAla cual rechazó la demanda el 22 de abril de 2026 mediante sentencia que acaba de ser anulada.
El SCJ sostuvo que dicha habitación del TSA limitó su examen a las resoluciones de la CCRDsin sopesar los aspectos esenciales planteados por Inteligencia Jurídicaen particular los argumentos que, con base en los derechos y obligaciones derivados del contrato, cuestionaban la legalidad de la suspensión y los daños sufridos como consecuencia de la misma.
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Para el SCJel control judicial realizado por el Quinta Sala del TSA era tan “defectuosa” que no ofrecía respuesta, ni siquiera implícita, a otros planteamientos formulados por la empresa demandante, que estaba representada por abogados Julio Cury y José Alberto Cruceta Jr..
Se recuerda que el CCRD había demandado ante el TSA la declaración de nocividad de la decisión que aprobó el contrato. La acción fue rechazada por el Cuarta Habitación del TSAcuya decisión quedó firme el 23 de julio de 2026 mediante sentencia SCJ-SR-26-00319del Salas de Reuniones del Corte Suprema de Justicia. Así, la suspensión ordenada por el CCRD mantuvo paralizado durante años un acto administrativo que, a la postre, resultó válido.
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