Santo Domingo. – El nuevo Código Ético para el uso de la inteligencia artificial en los servicios públicos prohíbe la vigilancia masiva indiscriminada y la elaboración de perfiles criminales predictivos, además de establecer evaluaciones obligatorias para proteger los derechos fundamentales y la privacidad de los ciudadanos.
Evaluaciones obligatorias y derecho a revisión
Las normas, establecidas a través de la Decreto 787-26, contempla evaluaciones de impacto ético y de derechos antes de implementar sistemas algorítmicos en instituciones públicas, así como mecanismos de transparencia y el derecho a solicitar revisiones.
Entre sus principales provisiones También incluyen una protección reforzada de la infancia, la soberanía digital y criterios de contratación para el uso de estas tecnologías en el Estado.
Protección infantil y soberanía digital
El director general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (ógtico), Édgar Batistacalificó la promulgación del decreto como un paso trascendental para la República Dominicana en términos de gobernanza de la inteligencia artificial.
El Código establece reglas, salvaguardas y límites claros para garantizar el uso responsable, seguro, ético y transparente de la inteligencia artificial en el Estado. «No se trata sólo de incorporar nuevas tecnologías a la administración pública, sino también de garantizar que su implementación respete los derechos fundamentales, proteja la privacidad y fortalezca la confianza ciudadana», expresó. Batista.
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El funcionario sostuvo que la implementación de estas herramientas debe contribuir a mejorar la eficiencia y transparencia de la servicios público.
Con este instrumento, nuestro país avanza hacia un modelo de gobernanza digital en el que la innovación tecnológica tenga un principio y un propósito fundamental: estar al servicio de las personas”, afirmó.
La iniciativa fue impulsada por el presidente Luis Abinadera través del ógtico y el Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), con el acompañamiento del Alianza para el Gobierno Abierto (OGP).
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