Los diputados que actúan como acusadores en el juicio político contra el presidente de Paraguay, Santiago Peñadenunciaron este viernes pérdida de unos 1.200 millones de dólares «del pueblo paraguayo» tras el cierre del banco Ueno, y pidieron declarar culpable al presidente, al que calificaron de «el mayor malversador de la historia» del país.
En su discurso en la segunda sesión de la juicio politicoLa diputada Rocío Vallejo aseguró que Peña «creó un agujero de 1.200 millones de dólares al pueblo paraguayo» y «tres millones de personas resultaron perjudicadas en un solo día», en alusión al procedimiento de resolución ordenado el martes contra Ueno por el Banco Central.
Paraguay atraviesa una crisis política tras la decisión del banco emisor, que, según el representante, «mató» a Ueno, en lugar de ordenar una intervención, ya que «no tenía remedio».
Vallejo consideró el «robo de dinero público y los gravísimos daños a las arcas de los fondos de pensiones» como el «tema central» del proceso, destacando que Peña «deja sin recursos a 5 fondos de retiro», incluido el del Instituto de Seguridad Social (IPS), que administra los depósitos de la mayoría de los trabajadores del país.
Por ello, aseguró que hoy piden que «Santiago Peña se vaya a casa», calificando la Administración del presidente de «negligente», «criminal» y «con un resultado desastroso para las arcas públicas».
«Santiago Peña debe salir de este Congreso con la sanción política de ser el mayor desfalcador de la historia del Paraguay, y eso en un país serio es mal desempeño del cargo», respondió Vallejos a la defensa del presidente, quien calificó de nula la acusación.
Peña se mantiene formalmente en el cargo luego de que el Congreso no se pronunciara por falta de quórum sobre la renuncia que presentó este jueves.
Este viernes, el presidente solicitó una prórroga de 72 horas para preparar su defensa, que el Senado rechazó anteriormente.
El artículo 189 de la Constitución de Paraguay establece que los expresidentes elegidos democráticamente serán senadores vitalicios, «a menos que hayan sido acusados y declarados culpables».
Y senador La vida goza de inmunidad y no puede ser sometida a proceso penal sin que el Congreso apruebe el retiro de dicha inmunidad.
El BCP detectó que el índice de solvencia del banco, que controlaba los recursos de más de 2,9 millones de clientes, había caído por debajo del 50% del mínimo requerido, «como consecuencia de los ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización».
