Santo Domingo.- Él Ministerio Publico depositado este miércoles ante un juzgado de la Distrito Nacional la acusación formal y la solicitud de apertura de juicio contra 14 personas naturales y jurídicas acusadas de formar parte de una red criminal que distribuyó más de RD$108 millones en sobornos para obtener y mantener contratos de servicios de seguridad privada en diversas instituciones públicas.
La acusación fue presentada ante el Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacionaldonde el órgano fiscal solicitó que se admita el expediente en su totalidad, con todas las pruebas recabadas, y que se dicte auto de apertura de juicio contra el imputado. Asimismo, pidió fijar la fecha para la audiencia preliminar.
Entre los acusados se encuentran Quilvio Bienvenido Rodríguez Gonzálezrepresentante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral SRL (Senase); Carlos Ambrosio Robles Díazex director de seguridad de EdeSur; Francisco Guarín Fernández Vásquezex director de seguridad Instituto Nacional de Atención Integral Primera Infancia (Inapii); Ramón Quezada Ortizmiembro de Departamento de Seguridad de EdeEste; Andrés Pacheco Varela y Bolívar Nicolás Fernández Espinalambos ex funcionarios de seguridad Edenorte.
También fueron acusados Wellington Peralta Santosex asistente del Gerente de Seguridad del Inaipi; Luis Ernesto Vicioso Bocioexdirector de Seguridad de EdeEste; Elías Caamaño Pérezex Coordinador de Seguridad Patrimonial del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
El expediente también incluye a las empresas Servicios Senase y El niño prodigio EIRLpropiedad de Rodríguez Gonzálezasí como Magestym Empresa de Residuos y Reciclaje SA y Magesty Reciclaje SRLvinculado a Bolívar Nicolás Fernández Espinal y miguelina antonia rosario sánchez.
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Sobornos por más de RD$108 millones
Según la acusación, la red distribuyó RD$108,080,359.92 en sobornos, recursos que habrían sido exigidos y recibidos por funcionarios de seguridad y otros funcionarios de distintas entidades estatales para favorecer la contratación y permanencia de empresas de seguridad privadas.
Él Ministerio Publico sostiene que aquellos pagos ilícitos se realizaron a través de transferencias bancarias y entregas de efectivo, con el fin de asegurar la continuidad de los contratos adjudicados a Senasa y evitar objeciones o inspecciones durante la ejecución de los servicios.
investigación pepa
La investigación fue desarrollada por el Fiscalía Especializada en Enjuiciamiento de Corrupción administrativa (Pepca)con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Publicoa partir de una denuncia enviada por el Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
Según el expediente, las investigaciones permitieron identificar una estructura criminal dedicada a defraudar al Estado mediante la manipulación de contratos y la exigencia sistemática de sobornos a cambio de beneficiar a empresas que ofrecían servicios de seguridad privada en instituciones públicas.
Las investigaciones establecen que la empresa Senase habría pagado sobornos durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025creando un esquema que permitía mantener los contratos públicos mediante prácticas fraudulentas y la subordinación de los mecanismos de supervisión institucional.
Él Ministerio Publico Recordó que, durante el Operación loboejecutado en julio de 2025, fueron detenidos militares y civiles presuntamente vinculados a esta estructura criminal.
Los acusados enfrentan cargos de Soborno, asociación delictuosa, defraudación al Estado y blanqueo de capitales.mientras que el órgano fiscal busca avanzar el proceso a la fase de juicio sustantivo.
